Lo esencial: Bolivia enfrenta un momento crítico en su reputación económica internacional. En las últimas semanas, la Comisión Europea la incluyó en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La calificación negativa se suma a la de Fitch Ratings y otros organismos internacionales.

Por qué importa: Las evaluaciones llegan en un momento en que Bolivia muestra crecientes vulnerabilidades estructurales, institucionales y regulatorias que afectan su credibilidad ante inversionistas, acreedores y gobiernos extranjeros, con consecuencias directas en el costo del financiamiento y la inversión.

Los hechos: Múltiples organismos internacionales emitieron evaluaciones críticas sobre Bolivia.

La UE obliga a bancos europeos a aplicar controles reforzados para toda transacción con Bolivia.
Fitch mantiene la calificación “CCC-“, la más baja de América Latina, advirtiendo riesgo de default.
El Fraser Institute ubicó a Bolivia en el puesto 116 de libertad económica, cayendo del 106.
TMF Group posicionó al país en el puesto 8 entre los más complejos del mundo para hacer negocios

El diagnóstico: Bruselas señaló deficiencias clave: falta de supervisión basada en riesgos para sectores sensibles, agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales preciosos; ausencia de legislación alineada con estándares internacionales; y fallas en información sobre beneficiarios finales.

Los números: El riesgo país cayó de 2.087 puntos a finales de 2024 a 673 puntos a mediados de 2025, aunque sigue entre los más altos del continente.

Bolivia obtiene 4,13 puntos en Sistema Legal y Derechos de Propiedad, solo por encima de Venezuela en Sudamérica.
La producción de gas se redujo a la mitad en 10 años.
En octubre, JP Morgan registró 1.132 puntos de riesgo país.

Las consecuencias: La confluencia de evaluaciones negativas genera tres efectos inmediatos.

Mayor costo de financiamiento externo por exigencias elevadas de garantías y tasas.
Reducción de inversión extranjera directa que limita la diversificación productiva.
Menor competitividad internacional por controles reforzados que encarecen operaciones comerciales.

La respuesta del Gobierno: El presidente Rodrigo Paz anunció medidas para contener el daño y reconstruir la confianza internacional.

Reorientación de la UIF con Carlos Jáuregui como nuevo director para recuperar carácter técnico.
Compromisos para acelerar legislación sobre beneficiarios finales y técnicas especializadas de investigación.
Señales de apertura en mercado cambiario y suministro de combustibles para mitigar impacto económico.

Qué dicen: El ministro José Gabriel Espinoza posesionó a Jáuregui y anunció que la UIF se centrará en detectar flujos ilícitos “dejando atrás posibles usos políticos”, presentándolo como paso clave para atender observaciones de GAFI y UE.

Qué sigue: Las autoridades señalaron la urgencia de reponer normas sobre beneficiarios finales y habilitar herramientas legales, aunque el avance legislativo dependerá de la Asamblea Legislativa