El Post

Lo esencial: Los vacíos que dejan los magistrados “autoprorrogados” del TCP y del TSJ sólo pueden ser llenados por titulares elegidos por voto popular, un proceso que tomará al menos seis meses, según especialistas.

El vicepresidente Edmand Lara convocó a sesión urgente de la ALP para aprobar elecciones judiciales.

Bolivia enfrenta una crisis judicial sin precedentes tras la destitución inmediata de los “autoprorrogados” del TCP y TSJ este martes.

Por qué importa: El constitucionalista Carlos Böhrt advierte sobre una “acefalía peligrosa” que puede llevar al país a inseguridad jurídica permanente.

TCP: 5 magistrados faltantes (Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando).

TSJ: 2 magistrados faltantes (Beni y Pando).

El plan electoral: Especialistas proponen un cronograma de seis meses (diciembre 2025 a mayo/junio 2026) para completar el proceso constitucional de elección de magistrados:

Fase 1 – Base Legal (2-4 semanas): ALP aprueba ley para convocatoria de elecciones complementarias – Diciembre 2025.

Fase 2 – Preselección Legislativa (4-6 semanas): Recepción de postulaciones, revisión de requisitos, entrevistas y votación por 2/3 de la ALP – Febrero 2026.

Fase 3 – Organización Electoral TSE (6-10 semanas): TSE arma papeleta, organiza campaña informativa y despliega logística – Abril 2026.

Fase 4 – Jornada Electoral (2-3 semanas): Elección simultánea en departamentos faltantes y cómputo oficial – Mayo 2026.

Fase 5 – Posesión (1-2 semanas): ALP toma juramento a nuevos magistrados electos – Mayo/Junio 2026

Los hechos:

La crisis se desató el martes cuando dos salas constitucionales (Potosí y Santa Cruz) ordenaron apartar de inmediato a los magistrados.

El juzgado de La Guardia, Santa Cruz, emitió orden de aprehensión y alerta migratoria contra Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas del TCP.

Alternativas legales: Los analistas son enfáticos en que el único camino constitucional “sólido” es la elección judicial. Otras opciones consideradas son inconstitucionales:

Designación de interinos: La Constitución no prevé que el Ejecutivo o Legislativo puedan nombrar “interinos” para altos tribunales.

Magistrados suplentes: Figura legalmente válida de suplentes elegidos previamente por voto popular, pero en algunos cargos ya no quedan disponibles.

Qué dicen: Los analistas califican la situación como crítica para el sistema judicial boliviano.

William Bascopé (constitucionalista): “Crisis constitucional abierta donde no existe base jurídica para nombrar interinos, el Estado se queda sin árbitros constitucionales”.

Carlos Böhrt: “La Asamblea creó el problema al no convocar a elecciones judiciales, impidiendo una transición constitucional ordenada”.

Franklin Pareja (politólogo): “La crisis revela un doble vacío: uno jurídico (falta de normas para cubrir acefalías) y uno político (incapacidad de consensos)”.

Patricia Patiño (diputada PDC): “El cese de funciones es solo el primer paso, no puede ser un pasaporte a la impunidad”.

Fabián Yaksic (exviceministro): Exige que los exmagistrados sean procesados penalmente por vulnerar la Constitución.

Medidas inmediatas: Para evitar la parálisis judicial mientras dura el proceso electoral, se proponen acciones transitorias:

En el TCP: Mantener conjueces constitucionales por sorteo para evitar falta de quórum.

En el TSJ: Integración de salas mediante vocales superiores cuando falte quórum, priorizando causas penales o casaciones pendientes.

La conclusión:

Bolivia enfrenta una encrucijada judicial donde cualquier atajo inconstitucional agravaría la crisis.

El camino constitucional de seis meses deja al país en una vulnerabilidad institucional crítica que requiere medidas transitorias inmediatas para evitar la parálisis total del sistema de justicia.