Edman Lara
Ilustración: APG/El Post

¿Revocar a Lara? Es posible, pero no sencillo

El Post

Lo esencial: Revocar al vicepresidente Edmand Lara es posible legal y constitucionalmente, pero los analistas advierten que es un camino muy polémico desde el punto de vista político y normativo, además de los antecedentes que implicaría esta vía.

  • La Asamblea Legislativa ya tiene en mesa un proyecto de reforma constitucional presentado por el exmagistrado Porfirio Machicado para permitir la revocatoria del Vicepresidente.
  • En apenas 16 días de gestión generó una crisis con el presidente Rodrigo Paz por choques sobre participación en gabinete y decisiones gubernamentales.

Por qué importa: El conflicto Paz-Lara amenaza la gobernabilidad del país cuando el Gobierno debe tomar medidas económicas urgentes. La crisis podría paralizar la agenda legislativa y fragmentar el poder político.

El mecanismo propuesto: Machicado plantea añadir un numeral 7 al artículo 240 de la Constitución para incorporar la revocatoria del Vicepresidente, llenando lo que considera un “vacío jurídico” mediante reforma parcial.

  • Requiere una ley de reforma aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea.
  • Necesita un referendo aprobatorio para su vigencia.
  • El TCP podría anularla si la considera una reforma ad hominem (con objetivo personalista).

Los argumentos de Machicado: El proyecto señala “suficientes causales” para promover la remoción de Lara por “generar ingobernabilidad” en el nuevo gobierno.

  • No hay un impedimento técnico evidente siempre que se haga bien el proceso de reforma constitucional.
  • No es algo automático ni seguro: dependerá de que la ALP apruebe la reforma y las interpretaciones del caso.

Qué dicen: Las posiciones sobre el proyecto y la crisis revelan profundas divisiones políticas.

  • Edmand Lara: “Si quieren sacarme, pueden hacerlo. Tengo la conciencia tranquila”.
  • José Carlos Sánchez Verazaín: “La iniciativa no garantiza la destitución inmediata. Primero se debe modificar la Constitución siguiendo el procedimiento de reforma parcial”.
  • Vladimir Peña: Advierte del riesgo de tener un “vicepresidente en la oposición”.
  • Daniel Valverde: “La torta es muy pequeña y hay muchos comensales” (sugiriendo que Lara cree tener derecho a una gran porción de poder).
  • Elena Pachacute (senadora de Libre): “Nada raro haya un revocatorio al gobierno de Paz” si persiste el quiebre.

Los pros y contras legales: El debate jurídico revela complejidades constitucionales y políticas significativas.

  • A favor: Es jurídicamente posible mediante reforma parcial (Art. 411) y llenaría un vacío legal para el control democrático directo.
  • En contra: Alteraría el principio de elección conjunta de la fórmula presidencial y la voluntad popular.
  • Riesgo principal: El TCP podría anularla si se demuestra motivación personalista.
  • Precedente peligroso: Podría politizar el cargo y afectar la estabilidad del Poder Ejecutivo.

Contexto: Bolivia tiene experiencia limitada con procesos revocatorios. 

  • En 2008, Evo Morales y Álvaro García Linera fueron ratificados en un referéndum revocatorio.
  • En 2023, se intentó un revocatorio contra Luis Arce y David Choquehuanca pero fue archivado por falta de firmas.

Entre líneas: 

  • El Ejecutivo de Paz creó el Viceministerio de Coordinación Legislativa mediante DS 5488, otorgándole atribuciones paralelas al relacionamiento con la Asamblea.
  • Legisladores afines a Lara lo consideran un “golpe a la Vicepresidencia”.
  • Analistas como Andrés Gómez advierten que esto podría dejar a Lara “pintado en la pared”.

Qué sigue: La evolución del conflicto se definirá en torno a escenarios clave que determinarán el futuro político del binomio.

  • Test económico: La reacción de Lara ante las esperadas medidas de ajuste económico será el “examen definitivo”. Si se distancia del costo político, marcaría un “divorcio total y efectivo”.
  • Parálisis legislativa: Si parlamentarios afines a Lara forman un bloque disidente, podría paralizar la agenda legislativa.
  • Construcción territorial: Lara busca construir poder local para posicionarse como competidor potencial para 2030.

Decisión del TCP: El Tribunal Constitucional determinará si la reforma es viable o será anulada por inconstitucionalidad.

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