Jose Gabriel Espinoza
Foto: Archivo APG

Gobierno impulsa Banco de Oro para frenar la minería ilegal

El Post

Lo esencial: El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la creación del Banco del Oro, una entidad con capital público y privado que transformará la compra y comercialización del metal precioso en Bolivia.

Por qué importa: La medida busca corregir desequilibrios financieros y ambientales del actual modelo aurífero, estableciendo mecanismos de “trazabilidad” y garantizando el cumplimiento de normas ambientales y laborales frente al avance de la minería informal.

El problema de fondo: Desde mediados de 2023, el BCB compró 28,5 toneladas de oro y monetizó 48 toneladas para fortalecer las reservas internacionales, pero generó efectos no deseados como la  falta de transparencia, una “fiebre del oro” descontrolada, prácticas mineras dañinas y pagos en bolivianos que agudizaron la inflación.

La solución: El Banco del Oro introducirá un cambio de arquitectura financiera con nuevos instrumentos y reglas para la compra estatal.

  • Reducir la presión inflacionaria eliminando pagos en moneda local que distorsionan el mercado.
  • Formalizar a los productores, otorgando mejores condiciones laborales.
  • Evitar el uso del oro como medio de pago en circuitos ilegales.
  • Coordinar con el Banco Central, que mantendrá atribuciones sobre reservas, pero con nuevas reglas de gestión

Qué dicen: “Vamos a crear el banco del oro, y lo que necesitamoses establecer mecanismos que permitan la trazabilidad, el desarrollo del sector aurífero en respeto de las normas medioambientales”, afirmó Espinoza en entrevista con Bloomberg.

Entre líneas: Aunque, el Ministr no ofreció plazos concretos ni detalles normativos, la creación marca un punto de quiebre en la política económica del país para frenar el mercado informal y ordenar un sector responsable de millones en exportaciones.

Qué sigue: La entidad deberá operar al amparo de la Ley Nº 1503, vigente desde 2023, que autoriza al BCB a realizar operaciones con oro. El desafío será reorientar este marco hacia un sistema más transparente y sostenible.

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