El Post

Lo esencial: Pese al anuncio del presidente Rodrigo Paz de que el Ministerio de Justicia había “muerto”, en los hechos aún se deben modificar los decretos 4857 y 5488, que regulan el ministerio y sus cinco viceministerios.

Por qué importa: Mientras no se emita el instrumento legal correspondiente, el anuncio presidencial mantiene sólo un carácter político según expertos jurídicos y fuentes administrativas.

Los decretos pendientes: Dos decretos supremos vigentes mantienen al Ministerio de Justicia en la estructura gubernamental.

Decreto 5488: Promulgado por Rodrigo Paz el 16 de noviembre de 2025, reduce los ministerios de 17 a 15, pero mantiene vigente la cartera de Justicia.

Decreto 4857: Firmado por Luis Arce, regula todas las facultades de los ministerios y establece siete artículos con las tareas del Ministerio de Justicia y sus viceministros.

Además, el artículo 73 del decreto 4857 otorga al ministro acceso a todos los estamentos de justicia, situación que causó polémica por su presunta injerencia directa del gobierno en el Órgano Judicial.

Pasos legales requeridos: Para que el cierre sea efectivo, el nuevo Decreto Supremo debe incluir cinco elementos fundamentales.

Declaración formal de supresión del Ministerio.

Reasignación de funciones clave que no son atribuciones del Ministerio Público.

Transferencia de personal, presupuesto y bienes a otras carteras.

Establecimiento de un periodo administrativo para la transición.

Modificación del organigrama del Órgano Ejecutivo

Funciones en riesgo: El exviceministro Jorge Silva alertó sobre las oficinas bajo tuición del ministerio que cumplían funciones esenciales.

Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) – regula a todos los notarios del Estado.

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) – atiende a víctimas con escasos recursos.

Defensa Pública – asistencia jurídica gratuita.

Registro Público de Abogados (RPA).

Sisplu – protege a personas de tercera edad, mujeres embarazadas y niños.

El debate político: La decisión de cerrar el ministerio generó posiciones encontradas entre autoridades y expertos.

A favor del cierre: El presidente Paz califica la cartera como “ministerio del abuso del poder político” que por 20 años se dedicó a “vender sentencias” y “chantajear a la sociedad”.

Diputada Sandra Rivera (PDC): La supresión eliminaría un espacio que “instituye la corrupción”.

Diputado Óscar Balderas (CC): Propuso una ley para extinguir el MJ argumentando la necesidad de descolonizar el sistema.

En contra: Juristas Ramiro Canedo y Marco Antonio Valdivieso advierten que eliminar el ministerio es “inconstitucional” y un “error estructural”.

Contexto:

La crisis política que llevó al anuncio de cierre fue la culminación de una semana de disputa entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara.

El Ministerio de Justicia tuvo dos ministros con cuestionamientos judiciales en menos de dos semanas, uno propuesto por Lara y el otro designado por Paz..

El Gobierno pasó de designar a un nuevo ministro a anunciar el cierre del Ministerio.

Entre líneas:

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresa preocupación por las falencias que provocará el cierre.

Pidió a las autoridades tomar en cuenta el impacto antes de decidir la anulación del ministerio.

La eliminación debe asegurar que las funciones no penales como la Defensa Pública y las políticas de Derechos Humanos sean efectivamente reasignadas para evitar un vacío normativo, explicó.

Qué sigue: El Gobierno debe emitir un Decreto Supremo que no solo declare la supresión formal del ministerio, sino que modifique la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) en su organigrama y defina qué ministerios acogerán las unidades que actualmente dependen de Justicia.