El Post

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves el cierre definitivo del Ministerio de Justicia, cumpliendo una promesa electoral y poniendo fin a una semana de intensa polémica con el vicepresidente Edmand Lara.

Por qué importa:

La eliminación del ministerio representa una victoria política de Paz sobre Lara en una disputa interna de poder.

También cumple su compromiso de campaña de cerrar una cartera que calificó como “ministerio del abuso del poder político”.

La crisis que aceleró el cierre: En menos de dos semanas de gobierno, la cartera tuvo dos ministros con problemas judiciales que generaron tensiones entre Paz y Lara.

Freddy Vidovic: Hombre de confianza del vicepresidente Lara, fue destituido tras corroborarse que tenía una sentencia ejecutoriada de tres años de cárcel relacionada con el caso Belaunde.

Jorge García: Designado por Paz, fue denunciado por el mismo Lara por tener un “rosario de procesos” que incluían delitos graves.

Contexto histórico:

El Ministerio de Justicia actual fue creado en 1993, con René Blattmann como primer titular durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Blattmann fue un ministro popular que impulsó reformas importantes como la eliminación del encarcelamiento por deudas y la implementación de la libertad provisional.

Sin embargo, con los años el rol del ministerio fue cuestionado, especialmente durante la gestión del MAS cuando pasó a llamarse Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, siendo frecuentes las denuncias de persecución política.

El solapamiento de funciones: El principal argumento técnico para eliminar el ministerio es la superposición funcional con el Ministerio Público (Fiscalía).

Ministerio Público: Órgano autónomo encargado de la persecución penal, dirige la investigación penal, coordina la actuación policial y promueve la acción penal pública.

Ministerio de Justicia: Parte del Poder Ejecutivo, encargado de políticas públicas, derechos humanos, administra programas de defensa pública y coordina con el Poder Judicial.

La tensión: Juristas señalan que la existencia de un Ministerio de Justicia (entidad política) con atribuciones relacionadas a políticas penales puede crear incentivos para la politización de procesos

Qué dicen los analistas: La decisión genera un debate técnico-legítimo con posiciones encontradas.

A favor: La diputada Sandra Rivera (PDC) argumentaba que suprimir el Ministerio permitiría una separación real de poderes, aumentaría la confiabilidad ciudadana en la justicia y mejoraría la eficiencia judicial.

En contra: Abogados como Ramiro Canedo y Marco Antonio Valdivieso sostenían que eliminar la cartera era “inconstitucional” y que tenía un rol institucional clave para articular el sistema judicial.

Entre líneas:

Aunque tanto Paz como Lara prometieron en campaña cerrar el ministerio, el vicepresidente posteriormente rectificó su postura admitiendo que se había equivocado y que la cartera era importante y debía mantenerse.

Esta contradicción evidenció las tensiones internas que finalmente llevaron a Paz a tomar la decisión unilateral.

El desafío pendiente:

El cierre genera el reto de garantizar que las funciones esenciales no penales del ministerio sean asumidas por otras entidades.

Estas funciones incluyen la defensa pública, los derechos humanos y la coordinación institucional, que podrían reasignarse posiblemente al Ministerio de la Presidencia o Planificación.