Justicia definirá si se aplica el diferimiento ante riesgos para la banca
El Post
Lo esencial: El ministro de Economía José Gabriel Espinoza informó que varios gremios financieros presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que definirá si se aplica la ley de diferimiento de créditos que suspende el pago de cuotas bancarias por seis meses.
Por qué importa: La medida, promulgada el 5 de noviembre por el expresidente Luis Arce, genera riesgos de iliquidez en el sistema financiero y podría limitar la capacidad de otorgar nuevos créditos, afectando a familias, microempresas y a la economía en general.
El problema de fondo: El diferimiento automático de pagos alterará el flujo del sistema financiero, según advierte el sector privado.
- Asoban señala que derivará en una “reducción significativa en la liquidez” de las entidades financieras.
- ASOFIN y FINRURAL alertan sobre la posible disminución de la oferta crediticia.
- Las entidades no tendrán flujo de caja para refinanciar pasivos y financiar nuevos clientes.
Los números: La medida busca dar “un respiro” a los prestatarios, pero genera preocupación en el sector financiero.
- 1,4 millones de prestatarios serían beneficiados según el Ejecutivo y sectores sociales.
- 6 meses de suspensión automática de pagos para créditos de vivienda de interés social y microcréditos.
Qué dicen: El rechazo del sector privado es contundente y advierte múltiples riesgos económicos.
- Fernando Romero, economista: “Se está vulnerando con una intervención estatal a la actividad privada”, lo que da señales negativas a mercados internacionales e inversionistas.
- Cainco: El diferimiento constituye “un golpe” a la previsibilidad económica que puede desalentar la inversión.
- CNI: La medida afectará la operatividad de empresas y la cadena productiva.
- Espinoza: Es necesario esperar el pronunciamiento del TCP y el Ejecutivo se ajustará al procedimiento legal.
Entre líneas: La medida, planteada sin mecanismos de compensación ni análisis individualizado, puede incrementar el costo del crédito en el mediano plazo y restringir el financiamiento precisamente a los sectores más vulnerables.
Qué sigue: El Tribunal Constitucional Plurinacional deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por los gremios financieros para definir si la ley de diferimiento entra en vigencia o no, determinando el futuro inmediato del sistema crediticio boliviano.
