Lo esencial: Para que Evo Morales y Álvaro García Linera vayan a juicio por el caso Las Américas, la Fiscalía debe acusarlos hasta diciembre, la Asamblea debe aprobarlo con dos tercios y García Linera, hoy fuera del país, tendría que volver.

Por qué importa: El caso busca establecer si quienes gobernaban en 2009 son responsables del operativo en el que murieron tres personas.

Además, el pedido de juicio se basa en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un caso por el que Bolivia enfrenta un juicio en la Corte Interamericana.

El contexto: El 16 de abril de 2009, un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz terminó con la muerte de Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, a quienes la Policía identificó entonces como integrantes de una célula terrorista.

Ese día García Linera ejercía la presidencia, porque Morales estaba en Venezuela. Morales reconoció entonces que había ordenado el operativo antes de viajar.
La CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la vida y a la integridad de las víctimas, y le recomendó investigar penalmente lo ocurrido.

El camino al juicio: La alianza Libre pidió el 9 de octubre un juicio de responsabilidades, el proceso especial para expresidentes y exvicepresidentes, por asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo admitió a fines de octubre y dio a la Fiscalía 30 días hábiles para decidir si acusa.

Si la Fiscalía acusa, el caso pasa por el TSJ y luego por la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el juicio.
Si la Asamblea lo aprueba, sigue una nueva investigación y luego el juicio en el TSJ, que dicta sentencia por dos tercios de sus magistrados y sin posibilidad de apelar.
El abogado penalista Gary Prado advierte que esa falta de apelación choca con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y podría llevar a anular una eventual condena.

Si no vuelve: El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el 4 de noviembre que García Linera había salido del país días antes, y el 5 participó en un acto universitario en Argentina. Medios bolivianos reportaron que el lunes 9 llegó a Ciudad de México y pidió asilo, pero el canciller Héctor Huanca afirma que México no comunicó ninguna solicitud.

Si no se presenta cuando lo citen, puede ser declarado en rebeldía y recibir una orden de aprehensión. El TSJ ordenó notificarlo en su domicilio, pero no hay confirmación de que se haya hecho.
Pero no puede ser juzgado sin estar presente: desde 2024, una sentencia del Tribunal Constitucional prohíbe en Bolivia los juicios en ausencia.
Si México le da asilo, traerlo de vuelta dependería de ese país: el tratado de extradición entre ambos excluye a perseguidos por delitos políticos, según el criterio del país que recibe el pedido.

Qué dicen: El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que la posición del Gobierno es que se debe hacer justicia, “no importa dónde estén los responsables”, y que, si García Linera se considera inocente, debería presentarse ante la justicia.

García Linera no se ha pronunciado desde que se admitió el pedido de juicio. En abril de 2024 admitió que dio la instrucción para el operativo, pero sostuvo que la investigación debía recaer en quienes lo ejecutaron.
Morales, el otro denunciado, dijo el miércoles que tal vez García Linera “se siente culpable” y que él no dejará el país, pero que no se presentará ante la justicia porque considera que el proceso es político.
El 13 de octubre, Morales anunció que, si se abre el juicio, no contratará abogado y que aceptaría ir a la cárcel por haber defendido la unidad territorial del país.

Qué sigue: La Fiscalía prevé citar a ambos y advirtió que pedirá declarar en rebeldía a quien no comparezca; Morales ya anunció que no lo hará. El Gobierno esperará que México le informe oficialmente si García Linera pidió asilo para fijar postura.