Madrid: Bolivia ofrece garantías atadas a una ley en trámite

Lo esencial: Tres ministros del Gobierno ofrecieron este martes seguridad jurídica e incentivos fiscales a empresarios españoles en el Bolivia Day, en la Casa de América de Madrid, con base en una Ley de Inversiones que lleva casi tres meses sin aprobarse en la Asamblea.

Por qué importa: Mientras la ley no se apruebe, lo ofrecido en Madrid es un compromiso político y no una regla que un inversor pueda exigir. Quien invierta hoy lo hace bajo la Ley 516 de 2014, un marco que el propio Gobierno considera insuficiente para generar confianza.

• Hasta que la ley se apruebe, el efecto de esta gira sobre el empleo y la entrada de dólares queda en espera.

Qué dijeron en Madrid: Los tres ministros presentaron la ley como garantía de seguridad jurídica, contratos de largo plazo, incentivos fiscales y colaboración público-privada.

• El ministro de Economía, Christian Morales, la calificó de instrumento esencial para el “salto económico” del país y dijo que busca “recuperar la confianza de los inversores”.
• El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que “es fundamental ir de la mano de lo privado” y que la ley se consensuó “con el sector empresarial”.
• El canciller Héctor Huanca dijo que el país busca “inversiones que sean una oportunidad para las empresas y ayuden al desarrollo económico de nuestras comunidades”. Citó como respaldo el acuerdo técnico con el FMI, el primero en más de 20 años, el apoyo del BID y la adhesión plena al Mercosur.

Estado actual: El proyecto que el Gobierno envió en agosto, de 103 artículos, no salió de la Comisión de Planificación de Diputados en más de dos meses. El 28 de octubre, Aramayo anunció una nueva versión con aportes de los gremios empresariales, y en Madrid dijo que ya fue enviada a la Asamblea.

• En octubre, la diputada Sandra Rivero (PDC) dijo que el arbitraje fue el principal punto que trabó el proyecto, y el diputado Freddy Camacho estimó que “materialmente el tiempo no alcanza” para tratarlo en esa legislatura.
• El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, dijo que los gremios ultimaron detalles con el Ministerio de Economía y que espera la aprobación en noviembre.
• Según Olivo, la nueva versión amplía los contratos de inversión a 30 años (el proyecto de agosto daba hasta 10), anula la expropiación si no se sustenta en 120 días y crea un centro de conciliación entre el Estado y los privados.
• La Asamblea que debe tratar la ley arranca su nueva legislatura en conflicto. Roberto Castro (PDC) fue reelecto presidente de Diputados el 30 de octubre en una sesión con gritos y empujones, y diputados de Libre y Alianza Popular anunciaron que impugnarán su elección.
• El vicepresidente Edmand Lara, que preside la Asamblea, dijo que le “avergüenza el primer año de gestión” y pidió a Paz un “cambio de actitud”.

El nudo del arbitraje: El proyecto de agosto admitía el arbitraje solo con consentimiento expreso del Estado y excluía las materias que prohíbe la Constitución. Entre ellas están los hidrocarburos: el artículo 366 prohíbe a las empresas extranjeras de esa cadena invocar el arbitraje internacional.

• Según Olivo, la nueva versión cambia ese artículo por una cláusula arbitral “sin especificaciones”, para evitar contradicciones con la Constitución. Esa disposición podría ajustarse si la Constitución se reforma.
• Los hidrocarburos son, según el Banco Central de Bolivia (BCB), el sector al que se dirige sobre todo la inversión española.
• El exministro de Economía José Gabriel Espinoza dijo que ese sector tendría otra vía: los contratos de asociación de una futura ley de hidrocarburos. Al 1 de noviembre, esa ley aún no había llegado a la Asamblea; Paz dijo que “ya está cerrada, ya está lista”.
• La bancada de Libre sostiene que primero debe reformarse la Constitución para habilitar el arbitraje internacional. La reforma del diputado Carlos Alarcón (Unidad) está desde el 2 de septiembre en la Comisión de Constitución del Senado.
• Bolivia está fuera del CIADI, el tribunal de arbitraje de inversiones del Banco Mundial, desde noviembre de 2007, y el proyecto de agosto no planteaba volver.

El tratado que ya no rige: Bolivia y España tuvieron un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), vigente desde 2002, que permitía llevar las disputas a un arbitraje internacional. Bolivia lo denunció en enero de 2012, y la protección que daba a las inversiones anteriores se extinguió en 2022.

• Tras las nacionalizaciones de 2012, el Estado reconoció a Red Eléctrica una compensación de $us 65,3 millones (2014) e indemnizó a Iberdrola con $us 34,2 millones (2015). En el caso de Iberdrola, el pago cerró un arbitraje iniciado con base en ese tratado.

Los números: España fue en 2025 el segundo país de origen de la inversión extranjera directa (IED) que recibió Bolivia: $us 127,6 millones, el 13% del total, según el BCB.

• En el primer semestre de 2026, el flujo desde España bajó a $us 31,4 millones, el 3% del total, y el país cayó al quinto lugar, detrás de Suecia, Canadá, Panamá y Perú.
• Son cifras preliminares de la serie del BCB revisada al segundo trimestre de 2026.

Qué sigue: El presidente Rodrigo Paz participa el 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. En la Asamblea, la nueva directiva de Diputados debe posesionarse el 5 de noviembre; el Gobierno espera que la ley se apruebe antes de fin de año.