Lo esencial: La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que en septiembre incluyó a 14.763 profesionales en una lista preliminar de quienes podrían tener que reportarle operaciones sospechosas, depende del Ministerio de Economía, su director es nombrado por el presidente y sus informes son confidenciales.

Por qué importa: Muchos profesionales tendrán que avisar al Estado si ven algo raro en el dinero de sus clientes, y un informe de la UIF puede terminar en un proceso penal.

El propio director de la entidad afirma que, en gestiones pasadas, fue usada contra personas que podían justificar su patrimonio.
Bolivia debe mostrar más investigaciones por lavado para salir de la lista gris internacional, y la credibilidad de esas investigaciones depende de los controles sobre quien las inicia.

Qué cambia para los profesionales: Un “sujeto obligado” es una persona o empresa que, por ley, debe conocer bien a sus clientes y avisar a la UIF cuando detecta una operación que podría esconder dinero ilegal. Los bancos ya lo son; desde 2023, la norma también alcanza a abogados, contadores e inmobiliarias, pero solo cuando hacen ciertas tareas, como intermediar en la compraventa de inmuebles o manejar dinero de clientes.

En julio, el Gobierno ordenó a la UIF registrar a estos profesionales: la entidad cruzó datos de Impuestos Nacionales, armó la lista y les dio 90 días, desde la publicación de la resolución en prensa, para confirmar o pedir que los excluyan; quien no responda queda registrado automáticamente.

Qué dice la UIF: Según el director de la UIF, Diego Barboza, una revisión interna que comenzó en enero encontró informes de la entidad que atribuían dinero sin justificar a personas que sí tenían documentos para probar su origen, y que luego se enviaban a la Fiscalía para abrirles un proceso penal.

Afirmó también que hay indicios de coordinación entre funcionarios de la UIF y la Fiscalía cuando el fiscal general era Róger Mariaca, hoy detenido en otros procesos.

Los controles

Agentes encubiertos: desde junio, la Ley 1741 permite a la Fiscalía usar investigadores infiltrados y seguir de forma vigilada el dinero sospechoso en casos de lavado, pero cada uso necesita la autorización de un juez.
Informes de la UIF: no se usan como prueba en un juicio ni entran al expediente del caso; solo sirven para que las autoridades investiguen, según el Decreto Supremo 4904.
Iniciativa propia: la UIF puede investigar por su cuenta, sin que se lo pida un fiscal, o a solicitud de una autoridad.

El antecedente: En junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que evalúa cómo combaten los países el lavado de dinero, incluyó a Bolivia en su lista gris, la de países bajo vigilancia especial; el Gobierno de entonces lo atribuyó a la falta de una ley que permitiera usar agentes encubiertos.

En 2021 había caído otra norma antilavado, la Ley 1386, tras paros de gremiales, transportistas y cívicos que temían que permitiera investigar a cualquier ciudadano por simple sospecha.

Sí, pero

La denuncia todavía no tiene nombres, número de casos ni montos, y Barboza dijo que es “muy prematuro” dar detalles. Como referencia, la UIF envió 107 informes a las autoridades en 2024.
Barboza tampoco precisó qué período revisó. Mariaca fue fiscal general desde octubre de 2024 hasta su detención, el 30 de septiembre de 2026; en ese lapso le tocaron el final del gobierno de Luis Arce, casi un año del de Rodrigo Paz y más de ocho meses de la actual dirección de la UIF.
Estar en la lista gris no obliga a los bancos extranjeros a aplicar controles extra a Bolivia; el GAFI aclara que no pide esas medidas.

Qué sigue: Barboza anunció que el martes 20 llevará un primer indicio a la Fiscalía. La UIF prevé entregar en un mes su informe sobre el patrimonio de Mariaca, y el GAFI actualizará la lista gris en su reunión del 26 al 30 de octubre.