Narcoavionetas se incautan en tierra mientras los radares llegan a la Fiscalía

Lo esencial: Mientras Defensa denunció el jueves a cuatro exministros por la compra de los 13 radares de Thales, el Gobierno reporta más de 80 narcoavionetas incautadas este año, ninguna atribuida públicamente a una interceptación aérea.

Por qué importa: Los radares se compraron hace una década para frenar los narcovuelos en el aire. Hoy el Estado solo llega a las avionetas cuando ya están en tierra.

• La querella, por un presunto daño de más de Bs 1.478 millones, busca establecer quién responde por esa brecha.

En tierra, no en el aire

• En febrero, los operativos en el Beni hallaron al menos 16 avionetas, la mayoría en hangares de los aeropuertos de San Borja y San Ramón.
• El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó en septiembre que todas las avionetas incautadas pasaron por pruebas de microaspirado que confirman que trasladaban cocaína al exterior.
• Fuera del país, la detección sí ocurrió en el aire. En enero, la Fuerza Aérea Paraguaya interceptó una avioneta con matrícula boliviana que terminó en Brasil con droga, y la de Brasil detectó otra que entró desde Bolivia y la capturó con 501 kilos de cocaína.

Una década de demoras: El sistema tardó siete años en instalarse y nueve en tener respaldo legal para interceptar.

Lo que dice la querella

• La auditoría halló que de los 13 radares, 2 operan sin observaciones, 9 operan con observaciones y 2 no operan.
• Pese a ello, los registros del proyecto dan por entregado el 100% de lo contratado, y el Estado ya pagó el 97,85%.
• Los denunciados incluyen a los exministros que firmaron el contrato y sus siete modificaciones, Reymi Ferreira y Javier Zavaleta (gobiernos de Evo Morales), Luis Fernando López (Jeanine Áñez) y Edmundo Novillo (Luis Arce), además de exfuncionarios, técnicos y representantes de Thales.
• La Procuraduría tipificó los hechos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Qué dicen

• El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que la querella no tiene fines políticos y que deben investigarse responsabilidades individuales.
• Zavaleta afirmó que el Gobierno deberá probar por qué un exministro es responsable de que los radares no funcionen. Aseguró que el sistema funcionaba cuando dejó el cargo y atribuyó la querella a razones políticas.
• Ferreira rechazó la querella, se declaró inocente y anunció que se presentará a declarar.
• López respondió en su cuenta de X que está a disposición del ministro y de la justicia, y pidió la oportunidad de “defenderme en libertad”. Salió del país en 2020, reside en Paraguay, donde obtuvo asilo político, y enfrenta otros procesos por su gestión en el gobierno de Áñez.
• Novillo afirmó que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad y que se presentará ante cualquier citación. Atribuyó las dificultades del proyecto a su complejidad tecnológica y a que solo Thales tiene el conocimiento de esa tecnología.

Qué sigue: La Fiscalía debe decidir si admite la querella, y la Procuraduría pedirá la anotación preventiva de bienes de los denunciados. Queda abierta otra pregunta: cuántas interceptaciones aéreas ha hecho la FAB desde que el reglamento lo permite.