Fiscalía admite el caso Las Américas contra Evo y García Linera: qué falta para un juicio

Lo esencial: El fiscal general interino, José Armando Urioste, admitió el lunes la proposición acusatoria de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera por asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad en el caso Hotel Las Américas, y notificó al Tribunal Supremo.

Por qué importa: Es la única vía legal para juzgar a un expresidente por actos de su gestión, y no da segundas oportunidades: sea cual sea el resultado, no podrá abrirse otro proceso por los mismos hechos.

• Que el caso llegue a juicio no depende solo de la Justicia, sino de que dos tercios de la Asamblea voten a favor.

Los números: Con la Asamblea completa, autorizar el juicio exige 111 de 166 votos, una mayoría que ninguna bancada alcanza sola: la más grande, el PDC, tiene 65, y todas las demás juntas suman 101.

• Las principales bancadas tienen divisiones internas, por lo que los votos no necesariamente se moverán en bloque.

Contexto: El 16 de abril de 2009, mientras Morales estaba en Venezuela y García Linera ejercía la presidencia, la unidad policial Utarc irrumpió en el hotel en Santa Cruz: murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y dos personas fueron detenidas.

• En 2021, la CIDH atribuyó al Estado la muerte de Dwyer y calificó de tortura el trato a cuatro detenidos de la causa, sin identificar responsables individuales; el expediente, que no incluye a Rózsa ni a Magyarosi, está en la Corte IDH desde 2024.

Por qué esta vía: En septiembre, la Fiscalía de Santa Cruz admitió una denuncia contra unas 150 exautoridades por el mismo operativo, pero, según el denunciante David Sejas, no aceptó incluir a Morales ni a García Linera, que como exmandatarios solo pueden ser procesados mediante un juicio de responsabilidades.

Qué dicen

• El diputado de Libre Antonio Pino, quien entregó la proposición el 9 de octubre en Sucre, afirmó que es “un pedido de justicia” y no de revancha, y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.
• Jorge Tuto Quiroga sostiene que la CIDH determinó una “ejecución sumaria”; el informe la califica como privación arbitraria de la vida.
• Morales atribuye los procesos en su contra a una persecución política.

Sí, pero

• El Código de Procedimiento Penal fija ocho años de prescripción para delitos con pena máxima de seis años o más, contados desde el hecho; la acusación busca superar ese límite con la figura de lesa humanidad, imprescriptible según la Ley 044, y con la CIDH, que recomendó al Estado no oponer la prescripción.
• Morales fue declarado rebelde en mayo en el caso de trata en Tarija y sigue en el Trópico de Cochabamba; para delitos comunes, la ley permite avanzar la investigación de un rebelde, pero suspende su juicio oral.

Qué sigue: La Fiscalía reunirá antecedentes bajo control de la Sala Penal y tiene hasta el 23 de noviembre para formular la acusación o archivar el caso. En paralelo, la Corte IDH debe fijar una nueva fecha para la audiencia del caso.

Nota actualizada el 12 de octubre de 2026 con la admisión de la proposición por la Fiscalía. Se corrigió el número de detenidos en el operativo: fueron dos, no cuatro.