Muerte digna: el debate que Bolivia abrió hace diez años

Lo esencial: La Cámara de Diputados analiza un proyecto que permitiría la eutanasia a adultos con enfermedades irreversibles, siempre que dos médicos independientes confirmen el diagnóstico y el paciente la pida por escrito.

Por qué importa: Hoy, quien ayuda a morir a un enfermo que se lo pide puede recibir de uno a tres años de cárcel. La ley definiría qué pueden pedir los pacientes y sus familias, y qué pueden hacer los médicos sin arriesgar una condena.

Qué propone

• Antes de autorizar el procedimiento, el paciente pasaría por una evaluación psicológica y psiquiátrica y por 15 días de reflexión, y podría desistir hasta el último momento.
• Ningún médico estaría obligado a participar: si uno se niega, otro debe asumir el caso en 48 horas.
• Se crearía un sistema nacional de cuidados paliativos gratuitos, y la eutanasia solo se consideraría después de evaluar esa vía.

Estado actual: La Comisión de Constitución aceleró la revisión tras el pedido público de Aldrin Ichuta, un joven alteño de 20 años con osteosarcoma, un cáncer que nace en los huesos y es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Lo que ya se intentó

• 2016: Una propuesta ciudadana pidió no prolongar artificialmente la agonía de los pacientes terminales y quitar la pena a los médicos. El Colegio Médico la rechazó: su entonces presidente, Aníbal Cruz, dijo que los médicos no podrían cumplirla aunque fuera ley. El Comité Nacional de Bioética, en cambio, pidió priorizar centros de cuidados paliativos, que según el Comité no existían en el país.
• 2017: El proyecto de un nuevo Código Penal suavizaba la pena por este tipo de muerte. El Código se promulgó, pero fue anulado 41 días después por protestas contra otros artículos y nunca entró en vigencia.

Qué sigue: La comisión debe aprobar su informe para que el proyecto llegue al pleno de Diputados y luego al Senado. Su autor, Diego Bráñez (APB Súmate), estima que podría tratarse antes de fin de año. La bancada de Unidad anunció que revisará si es compatible con el derecho a la vida.