Lo esencial: Las gobernaciones presupuestaron a Bs 6,73 por litro el diésel que consumen para prestar sus servicios y hoy pagan Bs 17,95. No pueden compensarlo con más ingresos porque están fuera de la coparticipación tributaria: de cada Bs 100 que el Estado recauda por impuestos nacionales, Bs 75 se los queda el nivel central, Bs 20 van a los 340 municipios y Bs 5 a las universidades.

Por qué importa: El ajuste sale de las propias competencias departamentales que ese combustible sostiene: mantenimiento de la red vial, servicios de salud y operación de maquinaria y equipo.

Las gobernaciones piden al Tesoro una transferencia que cubra el diferencial, pero hasta ahora ninguna norma la dispone.

Cómo funciona hoy: La coparticipación tributaria reparte lo que el Estado recauda por impuestos nacionales entre distintos niveles de gobierno. Las Alcaldías entraron a ese reparto en 1994, con la Ley de Participación Popular. Las gobernaciones nunca entraron.

Cuando se crearon los gobiernos departamentales autónomos, se les asignaron competencias como salud, red vial departamental y atención de emergencias, pero su financiamiento quedó atado a regalías hidrocarburíferas y mineras y a transferencias definidas caso por caso.

Cómo se reparte hoy la coparticipación tributaria

Fuente: Ley 1551 de Participación Popular y Ley 031 Marco de Autonomías

Nivel central del Estado 75%

340 gobiernos municipales 20%

Universidades públicas 5%

9 gobiernos departamentales 0%

No participan del reparto

Los gobernadores piden un 15% deducido de la porción del nivel central, sin reducir lo que reciben municipios ni universidades.

Qué proponen cambiar: La fórmula que los gobernadores llaman 50/50 busca que las gobernaciones reciban el 15% de lo que el Estado reparte por coparticipación tributaria.

Ese 15% saldría de la porción que hoy administra el nivel central, no de la de los municipios ni de la de las universidades.

La diferencia entre crédito y recursos: Acá está el punto que explica el desacuerdo. De los tres mecanismos en discusión, dos son préstamos que se devuelven y uno sería plata que no se devuelve, y es justamente el que no tiene norma que lo cree.

Qué ofrece cada instrumento tras el nuevo precio del diésel

Fuente: Decretos Supremos 5363, 5686 y 5720, Gaceta Oficial de Bolivia

Instrumento	A quién llega	Monto	Condiciones	¿Recursos nuevos?
Fideicomiso Impulso Productivo DS 5720, 22 de septiembre de 2026	Productores, transformadores, comercializadores y operadores logísticos	Hasta Bs 800 millones	Crédito al 6% para capital de operación y 6,5% para inversión, hasta ocho años	No: es crédito
Programa de Readecuación Financiera Territorial DS 5686, 31 de agosto de 2026	Gobernaciones, municipios, autonomías regionales e indígena originario campesinas	Sin monto definido	Adhesión voluntaria, Convenio RESTAURA y Cuenta de Reserva en el BCB	No: reprograma deuda sin condonarla
Fagobol DS 5363, 2 de abril de 2025	Gobiernos autónomos departamentales y regionales	Hasta Bs 1.500 millones	Crédito al 4,8% a diez años, con débito automático ante incumplimiento	No: es crédito, aún sin desembolsar
Transferencia extraordinaria del TGN Demanda de las gobernaciones, 24 de septiembre de 2026	Gobiernos autónomos departamentales	Sin monto definido	Cubriría el diferencial del diésel hasta el 31 de diciembre de 2026	Sí, pero no existe norma que la cree

Qué cambia con el diésel: El alza afecta a las gobernaciones por partida doble, y solo una de las dos está en su reclamo.

La que cobran es la propia: el pliego pide transferencias del Tesoro que compensen el diferencial del diésel consumido para prestar servicios y ejercer competencias departamentales. Además el precio dejó de ser fijo, porque se ajusta cuando la referencia internacional varía más de 5%, así que 2027 tampoco es previsible.
La otra es indirecta: el encarecimiento del transporte y la producción en sus departamentos. Esa demanda la llevan los empresarios y los transportistas, y el Gobierno respondió con créditos.

Qué sigue: El 31 de octubre no es una fecha simbólica. Es el margen que las gobernaciones se dieron para que los cambios legales se tramiten en la Asamblea y alcancen a entrar en el PGE 2027 antes del 1 de enero.