Lo esencial: El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, anunció este viernes que requerirá todos los antecedentes administrativos y disciplinarios del juez 27 de Instrucción de Santa Cruz, Juan José Quiroz, quien concedió detención domiciliaria a Marcelo Arce Mosqueira.

Por qué importa: Arce Mosqueira sigue en Palmasola: la domiciliaria recién se ejecuta cuando pague la fianza de Bs 200.000 y complete registro y arraigo, y la vocalía penal de turno puede revocarla antes.

El Ejecutivo abrió además un frente más amplio que el caso: anunció que indagará si existe un mecanismo informático capaz de direccionar causas hacia jueces específicos.

El argumento del Gobierno: García objetó que se concedan medidas sustitutivas al imputado principal cuando dos personas señaladas como posibles testaferros, incorporadas por una ampliación presentada hace unas tres semanas, todavía no fueron cauteladas.

Uno de ellos habría sido funcionario de YPFB hasta noviembre de 2025, y en los allanamientos se encontró documentación, memorias flash y papeles membretados de la estatal en su domicilio y en el de Arce Mosqueira, que también fue funcionario de YPFB. “Con sus sueldos no se podría haber generado tal cantidad de patrimonio”, afirmó.

Lo que dice el rastreo patrimonial, según Transparencia

El seguimiento identificó primero 14 matrículas computarizadas de inmuebles en Santa Cruz y La Paz, y luego otros bienes, efectivo y envíos de recursos al exterior, entre ellos a Uruguay.
Entre los bienes citados figuran un predio de más de 500 hectáreas en Villamontes, un inmueble en Cochabamba y un proyecto inmobiliario de más de 50 departamentos en Santa Cruz.
En vehículos mencionó una Ford Ranger, una vagoneta GAC, una Land Cruiser y un BMW 2025 que habría pagado Arce Mosqueira pero está registrado a nombre de otra persona.
El Viceministerio aclara que la cuantificación definitiva no está establecida porque el rastreo continúa.

La denuncia sobre el sorteo: Según expuso el Viceministerio, en abril de 2026 Quiroz acudió al Sistema Integrado de Registro Judicial a reclamar un expediente del caso Banco Fassil que no había llegado a su despacho.

El responsable del sistema respondió que la causa aún no había sido sorteada y manifestó “su extrañeza respecto de cómo conocía la existencia de esa causa” antes de la distribución.

El antecedente que invoca el Gobierno: El 6 de enero, Quiroz dispuso la cesación de la detención preventiva de Clodoaldo Figueroa Saume, “Tío Vago”, requerido por Perú y otros seis países e imputado por el secuestro del empresario Erick Baeza.

Figueroa salió de Palmasola; ocho días después el mismo juez revocó su decisión, pero ya no pudo ser encontrado.

Sí, pero: El reclamo del Gobierno tiene tres límites.

La resolución se apoya en un fundamento que el Ejecutivo no discute: los 140 días de detención preventiva fijados en marzo vencieron, y la defensa argumentó que nadie puede permanecer privado de libertad más allá del plazo establecido. El propio García sostiene que la preventiva debería ser la excepción.
Todo el inventario patrimonial es la versión del Viceministerio sobre una investigación en fase preparatoria, no una determinación judicial.
Las dos situaciones cautelares que compara no son equivalentes: a Figueroa se le concedió la cesación; a Arce Mosqueira se le impuso permanencia domiciliaria las 24 horas, con arraigo, monitoreo Roma Argo y fianza.

La reacción política: La expresidenta Jeanine Áñez exigió una explicación pública sobre qué cambió para que dejaran de existir los riesgos procesales que en marzo justificaron la preventiva, y sostuvo que la domiciliaria no implica culpabilidad pero tampoco que la investigación haya terminado.

El exdiputado Héctor Arce fue más lejos y afirmó a Erbol que la resolución responde a una devolución de favores entre el expresidente y autoridades judiciales: “Esto es un pacto de caballeros”. No presentó elementos que lo respalden.

El exdiputado Héctor Arce afirmó a Erbol que la resolución responde a una devolución de favores: “Esto es un pacto de caballeros”. La primera pide transparencia; la segunda es una acusación sin respaldo probatorio conocido.

Qué sigue: La vocalía penal de turno de Santa Cruz debe fijar fecha para resolver la apelación de la Fiscalía y del Viceministerio. La situación jurídica de los dos presuntos testaferros se define a principios de octubre. El Consejo de la Magistratura deberá responder al requerimiento sobre Quiroz.