Lo esencial: El gobernador Juan Pablo Velasco promulgó el viernes la Ley Departamental Antibloqueos de Santa Cruz, la primera medida de su gestión que completó todo el trámite legislativo, dentro de una estrategia más amplia frente al gobierno central.

Por qué importa: Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de la pulseada más intensa entre una región y el Estado central desde el ciclo autonómico de 2008.

La crisis de combustibles, la ola de bloqueos y el estancamiento del pacto fiscal “50/50” empujaron a la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental y el Comité Pro Santa Cruz a activar medidas para recuperar poder, recursos y competencias.
Solo la Ley Antibloqueos es ley vigente; el resto son proyectos en trámite, acuerdos marco sin cronograma o anuncios sin normas concretas.

Los hechos: La Ley de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías fue aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) el 2 de septiembre y promulgada por Velasco el 11 de septiembre.

Establece tres ejes —prevención, coordinación interinstitucional y atención de contingencias— y fija un plazo de 180 días para que el Ejecutivo departamental elabore su reglamento vía la Dirección de Desarrollo Autonómico.
Incorpora sistemas de alerta temprana y mecanismos de diálogo; según sus impulsores, no restringe la protesta pacífica ni los paros cívicos, sino los cierres prolongados de rutas que afectan a terceros.
Es un complemento de la vía penal, desde junio la Fiscalía Departamental abrió de oficio procesos contra organizadores de bloqueos en San Julián por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.

Los números: Según cifras que el gobernador dio a conocer en el acto de promulgación, los bloqueos del primer semestre de 2026 generaron pérdidas estimadas en 385,7 millones de dólares.

Los cierres de rutas se extendieron entre 50 y 53 días, según las fuentes citadas por la Gobernación.
Los bloqueos pusieron en riesgo cerca del 70% del PIB agrícola departamental.

Estado actual: Otras iniciativas siguen en trámite, sin ser leyes, decretos ni contratos firmados, respaldadas por declaraciones oficiales pero sin nivel de avance concreto.

La importación privada de diésel y gasolina está anunciada, no formalizada: la Gobernación reúne cerca de 70 empresas privadas para cubrir 100 millones de litros mensuales, pero no hay convenio firmado ni el decreto supremo nacional que la habilite.
La Guardia Departamental Cruceña, remitida a la ALD el 8 de junio, quedó estancada en comisiones ante cuestionamientos a su constitucionalidad y a un artículo sobre financiamiento vía créditos de carbono.
La militarización de la frontera con Brasil y la exención penal a militares son un pedido público de Velasco al gobierno central tras hallazgos en Ascensión de la Frontera, no una medida departamental ni un decreto emitido.

La Agenda 50/50: Es un acuerdo marco firmado el 5 de agosto en Sucre entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores, que compromete un proceso de “co-construcción” sobre autonomía tributaria, pero sin cronograma ni montos definidos.

Paz enfrió las expectativas al afirmar que el 50/50 “no es repartir plata” y que debía subordinarse a una reforma estructural del Estado.
Frente a esa lentitud, Velasco propuso una aplicación gradual, comenzando por el Impuesto a las Transacciones y sumando otros cada año.

Qué dicen: La Asamblea de la Cruceñidad emitió el 9 de septiembre un pronunciamiento leído por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, que generó reacciones divididas.

La Asamblea “emplaza al nivel central, que hasta el momento no quiere solucionar la crisis económica, energética y social, para que Santa Cruz y desde Santa Cruz asumamos nuestro destino”, afirmó Cochamanidis.
La diputada Mallón, representante de Cochabamba, calificó las amenazas de movilización y “autonomía de facto” como un riesgo para la estabilidad del país y llamó a la dirigencia cívica a reflexionar sobre su impacto en la economía nacional.

Sí, pero: La amenaza de “autonomía de facto” no proviene de la Gobernación ni de la ALD como instituciones de gobierno, sino del Comité Pro Santa Cruz a través de la Asamblea de la Cruceñidad, una instancia cívica y social.

Hasta ahora ni Velasco ni la Asamblea Legislativa Departamental han emitido, como órganos de gobierno, una declaración formal en ese sentido; lo que existe es una facultad otorgada a la dirigencia cívica para activar un plan de presión escalonado.

Qué sigue: El 10 de octubre, Día de la Democracia, es el plazo final que la Asamblea de la Cruceñidad fijó para que el gobierno atienda sus demandas; de no haber respuesta, anticipan movilizaciones escalonadas que podrían incluir un cabildo popular y la autonomía de facto.

En paralelo seguirán corriendo, sin fecha de resolución confirmada, la reglamentación de la Ley Antibloqueos, el destino del proyecto de Guardia Departamental en la ALD y la letra fina de la Agenda 50/50.