Lo esencial: El Foro Económico Cainco 2026 expuso una coincidencia entre el Gobierno y el sector privado sobre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y atraer inversiones, pero una diferencia de fondo sobre la velocidad del ajuste.

Por qué importa: El debate ya no gira en torno a qué reformas necesita Bolivia, sino a cuándo y cómo ejecutarlas.

Para el empresariado, postergar decisiones aumenta el costo de la crisis; para el Gobierno, acelerar demasiado el ajuste puede provocar un impacto social difícil de absorber.

Panorama general: Bajo la consigna “Reconstruir sin ensayar”, el foro planteó una paradoja: ambos coinciden en disciplina fiscal, sinceramiento de precios, mayor participación privada y atracción de capitales, pero chocan en el ritmo de aplicación.

El presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, planteó cuatro demandas: un Estado habilitador, decisiones completas, velocidad y reformas de fondo en lugar de “parches”.
Antelo cuestionó el retiro parcial de la subvención mediante el Decreto Supremo 5676, al considerar que genera el costo político de una reforma sin resolver aún el desabastecimiento.
El dirigente vinculó la escasez de diésel con la falta de inversión en exploración, describiendo “una sola crisis con dos relojes”: la emergencia del combustible y una eventual escasez estructural de gas hacia el final de la década.

El plan: El Gobierno defendió un ajuste gradual y anticipó cambios profundos en la cadena de combustibles.

Paz ratificó que la subvención a los carburantes es fiscalmente insostenible, incentiva el contrabando y debe retirarse para destinar recursos a hospitales, escuelas y carreteras, con mecanismos de apoyo a los sectores vulnerables.
Confirmó que YPFB dejará la intermediación en la importación y comercialización de combustibles, mientras las empresas privadas asumirán un papel mayor en la provisión de sus propios insumos.
El Gobierno tomó el control de la logística para garantizar el abastecimiento y agilizará los procedimientos administrativos para que los privados importen y gestionen directamente sus insumos.

Los números: Paz afirmó que recibió un país “arrasado” y presentó un balance de sus primeros diez meses de gestión.

Heredó apenas $us 51 millones en reservas disponibles, una inflación interanual cercana al 25%, una deuda flotante superior a Bs 10.000 millones y un déficit fiscal real por encima del 16%.
Su administración redujo el desequilibrio fiscal en más de Bs 23.500 millones y proyecta cerrar la gestión con un déficit cercano al 9%.
La unificación cambiaria citada por Antelo cerró un ciclo de 15 años de tipo de cambio fijo y enfrentó una brecha paralela que superó el 40%.

Qué dicen: Las posiciones de ambos actores marcaron el tono del foro.

“Es subvención o futuro”, planteó Paz, quien también afirmó que “la subvención nos está matando” y que “vamos a hacer un país con reglas claras”, aunque el proceso no puede ejecutarse de la noche a la mañana.
Antelo ofreció acompañar reformas difíciles siempre que sean integrales y estén respaldadas por seguridad jurídica, y reconoció que el sector privado convivió durante años con excepciones y favores en lugar de exigir reglas institucionales sólidas.

Sí, pero: El escenario sigue siendo complejo pese a las definiciones del foro. Para la mayoría de consumidores, la gasolina se mantiene en Bs 6,90 y el diésel en Bs 9,80.

El retiro de la subvención para grandes consumidores ya generó rechazo entre sectores agroindustriales, y Paz no detalló cómo funcionaría el “refugio” de protección social que anticipó para los sectores más afectados.

Qué sigue: El foro cerró con el Libro Blanco de la Recuperación Económica de Bolivia, que plantea diez decisiones prioritarias para los próximos 24 meses con responsables, plazos e indicadores de cumplimiento, condicionado a seguridad jurídica y al fin de la competencia desleal del Estado.

La conclusión: El punto de fondo no fue un desacuerdo sobre el diagnóstico: la diferencia está en el tiempo.

Bolivia queda ante el desafío de sincronizar dos relojes —el de una economía que exige decisiones rápidas y el de una política que busca administrar el costo social—, con un margen para postergar los problemas cada vez menor.