Lo esencial: La Asamblea Legislativa Plurinacional debate dos caminos para reactivar la economía en medio de la escasez de dólares y combustibles: un paquete de leyes sectoriales rápidas impulsado por el Gobierno o una reforma parcial de la Constitución exigida por la oposición.

Por qué importa: La disputa define cómo Bolivia enfrentará la crisis de divisas y desabastecimiento, con recetas de tiempos opuestos.

El Ejecutivo apuesta por respuestas de corto plazo para recuperar confianza y atraer capitales, mientras la oposición sostiene que sin desmontar los “candados” constitucionales ninguna inversión de calidad llegará al país.

Estado actual: El presidente Rodrigo Paz priorizó una agenda económica con una nueva Ley de Inversiones y normas para hidrocarburos, minería y electricidad sin alterar inicialmente el texto de 2009, aunque se mostró abierto a modificaciones constitucionales “claves”.

La oposición presiona por la reforma parcial vía artículo 411: el diputado Carlos Alarcón (Unidad) propone una “ley corta” que adicionaría el artículo 412 para “desconstitucionalizar” unos 30 artículos, 17 ligados al modelo económico.
El proyecto, remitido a la Comisión Mixta de Constitución por el vicepresidente Edmand Lara, busca dar rango de ley especial a esas disposiciones para modificarlas por dos tercios sin convocar a una Asamblea Constituyente.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) presentó una propuesta que abarca 111 artículos agrupados en cinco ejes, con énfasis en apertura económica y seguridad jurídica.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, respaldó las propuestas de reforma parcial de la Constitución y afirmó que el Órgano Electoral dará “todo nuestro apoyo” a este proceso.
Ávila señaló que cualquier reforma debe realizarse dentro del marco constitucional y remarcó que el TSE hará respetar y cumplir la Constitución.

Qué dicen: Las voces del oficialismo y la oposición marcan el contraste entre la urgencia coyuntural y el cambio estructural.

“El país necesita respuestas de corto plazo”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien advirtió que una reforma estructural podría tardar “unos 5 o 10 años”.
“Ninguna inversión grande de calidad va a venir a Bolivia” si no se desmontan las restricciones constitucionales, aseguró el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad.
“Buenas leyes con estatismo codificado en la Constitución, sin arbitraje” no salvarán hidrocarburos, minería y litio, señaló Jorge “Tuto” Quiroga, quien advirtió un “colapso inminente”.

Comparativa de propuestas de reforma constitucional en Bolivia

Fuente: Anteproyectos oficiales de Alianza Unidad y Alianza Libre

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Dimensión	Carlos Alarcón Alianza Unidad — «Ley corta»	Jorge «Tuto» Quiroga Alianza Libre — «Cirugía mayor»
Enfoque general y alcance	Ley corta Focalizada en desmontar candados específicos. Apunta a desconstitucionalizar 30 artículos de la Carta Magna: 17 económicos y 13 judiciales.	Cirugía mayor Transformaciones estructurales amplias. Plantea modificar 111 artículos organizados en 5 ejes de acción.
Mecanismo técnico de reforma	Agrega los artículos 412 y 413 para rebajar el rango constitucional de los 30 artículos identificados, convirtiéndolos en leyes especiales modificables con 2/3 de votos sin referéndos adicionales. Plazo de un año para sancionar la legislación de desarrollo.	Modificación directa y de fondo mediante reforma parcial (2/3 de la Asamblea) y posterior ratificación en referéndum popular aprobatorio.
Seguridad jurídica y modelo económico	Incorpora el Art. 413 para prohibir constitucionalmente expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones. Deroga la figura de «traición a la patria» vinculada a recursos naturales.	Modifica 15 artículos sobre economía y recursos. La inversión extranjera gozará de igualdad de condiciones con la nacional; seguridad jurídica e intangibilidad garantizadas en el Art. 320.
Solución de controversias y arbitraje	Habilita de forma plena el arbitraje nacional e internacional para dirimir controversias entre el Estado y los inversores si existe acuerdo de partes.	Autoriza que los tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversiones prevean expresamente mecanismos de arbitraje internacional.
Sectores estratégicos (Hidrocarburos y Minería)	Desconstitucionaliza 17 artículos del régimen económico para facilitar su reforma y desmantelar el control monopólico estatal.	Elimina el concepto del Estado como actor central exclusivo. Permite que la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales la realicen privados, mixtos o el Estado.
Empresas y finanzas públicas	Sin propuesta específica en sus bases generales de desconstitucionalización económica.	Prohíbe al Estado financiar o subsidiar empresas estatales deficitarias (excepto salud, transporte y servicios básicos). Prohíbe el financiamiento del BCB al Tesoro.
Disciplina presupuestaria	Sin directrices presupuestarias en el anteproyecto presentado.	Si la Asamblea rechaza el presupuesto, el Ejecutivo no podrá promulgarlo y regirá el presupuesto de la gestión anterior.
Reforma al Órgano Judicial	Elimina la elección por voto popular de magistrados y establece un sistema de designación basado en meritocracia. Afecta 13 artículos del sector justicia.	Elimina el voto universal para magistrados. El Legislativo los elegirá por 2/3 bajo criterios meritocráticos. Suprime el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, absorbiendo funciones dentro del TSJ.
Estructura estatal y equilibrio de poderes	La desconstitucionalización facilita ajustes sobre competencias departamentales y locales mediante leyes especiales.	Reduce senadores de 36 a 27 (3 por departamento). Limita la presidencia a 10 años máximos continuos o discontinuos. El SEGIP pasa a tuición del TSE.
Gobernanza digital y tecnología	No incluye componentes dedicados a gobernanza digital en el anteproyecto de ley corta.	Incorpora regulaciones sobre Administración e Infraestructura Pública Digital, uso de datos de Inteligencia Artificial en el sector público y fomento de IA de código abierto.

Alarcón — Alianza Unidad

Quiroga — Alianza Libre

Sin propuesta específica

Sí, pero: La propuesta de reformar parcialmente la Constitución genera disidencias incluso dentro de la oposición y enfrenta obstáculos legales.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, desestimó las reformas parciales como “parches” y propuso un Estado federal, mientras el diputado Rafael Darío López (Libre) reclamó un “pacto social” con sectores como transporte y justicia.
El constitucionalista Fabricio Góngora advirtió que el artículo 140.III de la CPE impide iniciar cualquier reforma mientras rija el estado de excepción declarado por el Decreto Supremo 5636.

Qué sigue: El estado de excepción de 90 días, vigente desde el 20 de junio de 2026, posterga legalmente cualquier trámite de reforma hasta después de su conclusión programada para el 18 de septiembre de 2026. Toda modificación parcial requiere además un referéndum popular aprobatorio.