Lo esencial: El Gobierno envió este martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Inversiones, de 103 artículos, que obliga a que toda nacionalización o expropiación de alto impacto pase por la Asamblea; también crea una Agencia Nacional de Inversiones para atraer capitales.

Por qué importa: Tras dos décadas de nacionalizaciones, el proyecto ofrece al inversionista la garantía de que el Estado no le expropiará de un día para otro, condición que el Gobierno considera clave para atraer el capital que dejó de llegar al país.

La apuesta se juega en el empleo, el Ejecutivo sostiene que sin inversión privada no hay generación de trabajo formal y de calidad.

Los tres pilares

Normalizar la inversión, que hoy es una actividad excepcional en Bolivia frente al resto de la región.
Crear un sistema de incentivos y reglas claras que dé confianza al capital nacional y extranjero.
Ordenar la normativa dispersa en un Sistema Nacional de Inversiones, que coordinaría la nueva Agencia Nacional de Inversiones.

Qué cambia

La nacionalización o expropiación de alto impacto se declararía “prioridad nacional” y obligaría a reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados, un límite que hoy no existe.
Garantías transversales para el inversionista: igualdad ante la ley, estabilidad, previsibilidad y buena fe.
Los contratos especiales pasarían por el control de la Contraloría, con posible estabilidad tributaria y normativa.
Nuevos sectores prioritarios más allá del gas y la minería: logística, inteligencia artificial, economía digital, hidrógeno y energía solar.

Qué dicen

El presidente Paz pidió a la Asamblea aprobar y debatir abiertamente la norma, al afirmar que para crecer “necesitamos seguridad jurídica” y llamarla el derecho de todos los bolivianos a invertir.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que una nacionalización es tan dura que “todo el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, tendrán que estar de acuerdo”, y que la Asamblea definirá si procede.
La representante de la CAF en Bolivia, Jeanette Sánchez, señaló que el organismo “ve con buenos ojos” reformas de este tipo para atraer inversión extranjera.

Los números: El Gobierno enmarca la ley en la baja inversión del país. Espinoza contrastó que Argentina captó el año pasado más de $us 15.000 millones en intenciones de inversión minera, frente a los $us 50 a $us 60 millones de Bolivia.

La CAF sostiene que Bolivia invierte apenas un 17%, por debajo del 22% que promedia América Latina.

Sí, pero: El Gobierno subraya que la ley no modifica la Constitución; el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, remarcó que la norma no contradice la Carta Magna.

Al descansar en una ley ordinaria y no en el texto constitucional, la garantía que ofrece al inversionista depende de las mayorías del momento, otro Congreso podría modificarla.

Qué sigue: Dentro de la Asamblea, el proyecto se tratará primero en la Cámara de Diputados —cámara de origen— y luego pasará a la Cámara de Senadores como cámara revisora; el Ejecutivo pide celeridad. Si la ley se aprueba, la Agencia debería constituirse en un máximo de 90 días.

En paralelo, los diputados Nathaly Tovias (Libre) y Luis Fernando Laredo (Unidad) presentaron una propuesta alternativa que, según ellos, podría unificarse con la oficial.