Presuntos cobros irregulares en YPFB: qué debe aclarar la investigación
Lo esencial: Legisladores de Libre y Unidad, el vicepresidente Edmand Lara y dirigentes cívicos pidieron investigar presuntos cobros de Bs 2 por litro para acceder al diésel en YPFB, y Lara anunció una denuncia penal.
Por qué importa: Un pedido de investigación no es una investigación, y en medio de la escasez de diésel el lector necesita saber si esto avanza o se diluye.
- La diferencia entre gesto y resultado está en dos cosas concretas: qué preguntas debe responder el caso y qué instancia responde cada una.
Qué debe aclarar
- Si el cobro existió y cómo operaba: monto real, mecanismo (la “lista” de acceso), volumen y periodo. Hoy solo hay denuncias difundidas en video y redes.
- Quiénes cobraban y hasta qué nivel de la estructura llegaba, y si el caso es solo de Santa Cruz o de alcance nacional.
- A dónde iba el dinero y quiénes se beneficiaban.
- Cuánto perdió el Estado o pagaron de más los usuarios, con una cuantificación oficial y no con estimaciones sin base documental.
Quién debe responder
- La Fiscalía investiga el presunto delito penal: es donde deben radicar la denuncia de Lara y lo que remita el Ministerio de Hidrocarburos.
- La Contraloría General del Estado cuantifica el daño económico y la responsabilidad por la función pública.
- La Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos llevan el proceso interno y administrativo para identificar y separar funcionarios.
- La Asamblea ejerce la fiscalización política: el diputado Mauricio Taboada, de Unidad, anticipó una Petición de Informe Oral.
Presuntos cobros en YPFB
Qué debe aclarar la investigación — y quién debe responder¿El cobro existió y cómo operaba? Monto real, mecanismo de la “lista” de acceso, volumen y periodo.
¿Quiénes cobraban y hasta qué nivel de la estructura llegaba? ¿Solo Santa Cruz o alcance nacional?
¿Cuánto perdió el Estado o pagaron de más los usuarios? Cuantificación oficial, no estimaciones sin base.
¿Se identifica y separa a los funcionarios señalados?
¿Rinden cuentas las autoridades del sector ante el Legislativo?
El antecedente: En 2026 la Fiscalía ya abrió una vía penal contra YPFB por otro caso, el de la gasolina desestabilizada, e imputó a gerentes en ejercicio por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con detenciones. Ese proceso muestra que la vía existe.
Qué sigue: La denuncia penal de Lara debe ingresar a la Fiscalía y ésta remitir el caso; luego corren la etapa de investigación y, de haber indicios, la imputación.
