Yamil García
El viceministro de Transparencia, Yamil García. Foto: Archivo APG

El caso del oro en Viru Viru expone 195 denuncias que comprometen a la AJAM y al Senarecom

Lo esencial: El viceministro de Transparencia, Yamil García, reportó 195 denuncias por minería ilegal en las últimas tres gestiones y afirmó que comprometen a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Senarecom, los organismos que controlan la minería y la venta de minerales.

Por qué importa: El oro se convirtió en una vía para mover grandes sumas fuera del país en plena escasez de divisas, y cada salida irregular resta regalías y reservas al Estado.

  • Las denuncias no apuntan a mineros sueltos, sino a las propias entidades que el Estado creó para controlar la actividad.

El antecedente clave: El miércoles, en Viru Viru, se retuvieron cuatro maletas con unos 189 kilos de oro —valuados de forma preliminar en cerca de $us 25 millones— que un joven de 22 años pretendía llevar a Dubái en un vuelo privado.

  • La alerta saltó cuando el código QR de la documentación no pudo validarse y el registro no figuraba en el Senarecom; la Fiscalía investiga el caso por presuntos delitos.

Qué dicen:

  • “No se trata de un caso, en los últimos tres años se han reportado 195 denuncias que comprometen la integridad de estas instituciones (AJAM y Senarecom), por lo que estamos trabajando en poder desestructurar este tipo de mecanismos que en el pasado ocurrían y sin que se enteren ni la población ni las instituciones”, dijo García.
  • “Los controles que el Estado ha dispuesto han generado que salte una alerta a través de un código QR. Esto nos muestra la necesidad de digitalizar toda la función pública”, afirmó.

Sí, pero: García presentó el episodio como prueba de que los controles funcionan; sin embargo, el propio operativo halló junto al cargamento a un funcionario de Aduana y a uno del Senarecom, y el Gobierno abrió una investigación para determinar quién dejó en libertad a algunos implicados.

Qué sigue: La Fiscalía investiga por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y venta ilegal de minerales, y el Estado se sumó a la querella para que se indague no solo al portador, sino a otros implicados. Falta establecer el origen del oro y quién está detrás de la operación.

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