Ilustración: El Post

Normativa impide comercializar el diésel fabricado con residuos

Lo esencial: El diésel a partir de residuos que impulsan el municipio de San Julián y un empresario boliviano que instaló su planta en Paraguay no puede venderse en los surtidores de Bolivia debido a que la normativa vigente lo impide.

Por qué importa: Para el ciudadano que hace filas de hasta tres días por diésel, estas iniciativas suenan a alivio, pero ninguna abastecerá su tanque.

  • El obstáculo no es tecnológico —el combustible ya se produce— sino legal: sin un marco que habilite su venta, la producción de diésel de residuos queda limitada al autoconsumo o termina operando en otros países.

Los casos

  • En San Julián, el alcalde Carlos Vaca gestiona licencias ambientales para una planta de pirólisis que convertiría neumáticos, bolsas y botellas en unos 2.000 litros diarios de combustible, destinados solo a la maquinaria del municipio.
  • En Paraguay, el empresario paceño Xavier Iturralde inauguró en agosto de 2025 una planta de diésel sintético a partir de residuos, tras no lograr concretar el proyecto que había ideado para la ciudad de El Alto.

Diésel de residuos en Bolivia: los intentos que no llegaron al surtidor

Elaboración de El Post con base a publicaciones de prensa
2018 (aprox.)

Un emprendimiento privado en Santa Cruz

En la zona Virgen de Luján se instala una planta de pirólisis que produce entre 300 y 350 litros diarios de diésel y gasolina a partir de plásticos, llantas y aceite usado, con una inversión cercana a $us 25.000. No se comercializa al público.

Abril 2021

Planta piloto en El Alto

La empresa Heresi presenta una planta piloto que produce unos 28 litros diarios; su combustible fue sometido a pruebas de calidad de la ANH. El Gobierno de entonces expresó interés en el proyecto como vía para sustituir importaciones.

2022

Xavier Iturralde traslada su proyecto a Paraguay

Tras intentar instalar una planta en Bolivia, el consorcio Bolivian Industrial Technology anuncia que la construirá en Paraguay. Iturralde atribuye la salida a la falta de marco legal, la carga impositiva y el monopolio estatal de los combustibles.

Agosto 2025

Inauguración en Villeta, Paraguay

Iturralde inaugura la primera línea de producción de diésel sintético a partir de residuos, con tecnología de pirólisis que su equipo dice haber perfeccionado y patentes en trámite. La comercialización, al inicio, es de privado a privado.

Julio 2026

San Julián anuncia una planta municipal

El alcalde Carlos Vaca gestiona licencias para una planta de pirólisis que produciría unos 2.000 litros diarios, destinados solo a la maquinaria del municipio. Por la normativa vigente, no podrá venderse al público. Prevista para operar entre octubre y noviembre.

El marco legal

  • La comercialización de combustibles en Bolivia está reservada al circuito estatal a través de YPFB, en el marco de la Ley de Hidrocarburos 3058, lo que impide a un privado vender diésel al público sin una autorización expresa.
  • La Ley 1098, que regula los aditivos de origen vegetal, define el biodiésel como diésel mineral mezclado con un componente vegetal: no contempla el combustible obtenido de plásticos y llantas, que queda en un vacío.
  • La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe certificar la calidad de todo carburante antes de su distribución, según el reglamento vigente de control de calidad.
  • San Julián sortea ese muro amparándose en la Ley Marco de Autonomías, que habilita a los municipios a generar energía para su propio consumo, no para la venta.

Qué dicen: Iturralde sostiene que no dejó Bolivia por falta de financiamiento, sino de garantías jurídicas. Afirma que durante años pidió “un paraguas jurídico” para operar sin obtenerlo, y atribuye su salida a la burocracia, la carga impositiva y el monopolio estatal sobre los combustibles.

Qué sigue: Si los permisos avanzan, San Julián prevé que su planta opere entre octubre y mediados de noviembre de 2026. Habilitar la venta al público de este tipo de combustible, en cambio, exigiría un cambio normativo o una autorización estatal expresa.

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