martes 7 de julio de 2026

Cintia Castillo, gerente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), afirmó que las pérdidas provocadas por los 47 días de bloqueos son irreversibles para el sector y sostuvo que los empresarios esperan que los responsables sean sancionados de manera ejemplar.

La Contraloría General de Colombia convocó al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a una mesa técnica con el objetivo de reanudar el proceso de transición con el Gobierno de Gustavo Petro, suspendido en medio de la crisis política y las tensiones por el reconocimiento de los resultados electorales.

La denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno ante la Fiscalía de La Paz por los 53 días de bloqueos no incluye al expresidente Evo Morales, confirmó el Ministerio Público. En consecuencia, Evo no es investigado en ese proceso, mientras su defensa asegura que no recibió ninguna notificación y el Gobierno insiste en que los responsables de las movilizaciones deberán responder ante la Justicia.

A semanas del levantamiento de los bloqueos, las largas filas en los surtidores continúan en todo el país. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al Gobierno para reunirse y explicar las causas del desabastecimiento, mientras el ministro de Obras Públicas atribuyó parte del problema a “mafias que desvían combustible subvencionado”.

El Comité pro Santa Cruz solicitó informes sobre fallecidos, heridos, desabastecimiento, puentes aéreos y puntos de bloqueo con el fin de ampliar la investigación penal por el conflicto.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, propuso al Senado modificar el PGE 2026 para que el Impuesto a las Transacciones (IT) sea el primer tributo coparticipable bajo un esquema 50-50 entre el Tesoro General de la Nación y las entidades subnacionales, al cuestionar que el presupuesto mantiene un déficit fiscal del 10% del PIB sin reformas estructurales.

La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, a través de su ejecutivo Lucio Gómez, expresó su descontento con la posible legalización de los autos “chutos” y cuestionó a los asambleístas.

El desabastecimiento de combustibles persiste pese a los anuncios del Gobierno y la apertura a la importación privada, y ahora la escasez que golpeaba al diésel alcanza también a la gasolina y, en algunas regiones, al GLP, afectando al transporte, la producción y a miles de familias.

• El transporte pesado atribuye la crisis a la insuficiente importación y a la falta de dólares, mientras el analista Álvaro Ríos la considera un problema estructural de YPFB; el Gobierno, en cambio, la atribuye a “mafias” que desvían el combustible barato y asegura que el suministro se normalizará en los próximos días. En medio de este escenario, el dirigente máximo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, dio un plazo de 48 horas al Gobierno para sostener una reunión por la falta de combustibles.

El Gobierno prevé concluir en menos de 30 días el informe de evaluación de las 15 empresas públicas en quiebra técnica, que permitirá decidir si son reestructuradas, fusionadas, transformadas o cerradas, informó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, quien recordó que las estatales registraron pérdidas superiores a Bs 1.027 millones en la pasada gestión.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que el Gobierno analiza diferir el pago de servicios básicos como electricidad, gas y agua para aliviar el impacto de los más de 50 días de bloqueo, sin que haya cortes de servicio, y descartó cualquier alza de tarifas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó que se inició un proceso de revisión y búsqueda de consensos para unificar los proyectos de ley que cursan en ambas cámaras, con el fin de viabilizar las elecciones complementarias y cubrir las acefalías del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Jaime Hernández, gerente general de Anapo, alertó que la campaña de invierno requiere al menos 90 millones de litros de diésel de entrega directa para pequeños, medianos y grandes productores, pero hasta la semana pasada el abastecimiento cubría apenas entre el 40% y 50%, aunque desde el lunes se registró una mejora en la asignación tras un acuerdo con el Gobierno y YPFB.

El viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, informó que el Gobierno solicitará a las autoridades chilenas restablecer la atención las 24 horas en el complejo fronterizo de Colchane hasta reducir las filas y normalizar el tránsito de carga, y anunció que autoridades de ambos países se reunirán en el puesto fronterizo para buscar una solución.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que se analizan alternativas para que los productores puedan utilizar la vía de Yacuiba como salida de exportaciones hacia mercados internacionales.

Herland Melgar, presidente del Transporte del Oriente, denunció que la escasez de diésel provocó un “cataclismo” para el sector por las dificultades para abastecerse y responsabilizó al Gobierno, al criticar al ministro de Hidrocarburos por afirmar que “no tiene la varita mágica”; en la misma línea, Paolo Mojica, de la Fundación Casa del Hombre, denunció que la falta de gasolina en los surtidores derivó en su venta clandestina hasta en Bs 12,50 por litro y cuestionó la falta de control de la ANH.

Vicente Salazar, dirigente de los Túpac Katari, pasó su primera noche en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro con detención preventiva de seis meses por los bloqueos; la Fiscalía confirmó que en ese mismo proceso están incluidos Mario Argollo (COB) y el senador suplente Nilton Condori, pero no Evo Morales, quien sí figura en otras denuncias.

El paso de camiones de carga bolivianos hacia Chile por el complejo fronterizo de Pisiga-Colchane cayó cerca de 60% desde el 2 de julio, tras la reducción del horario de atención chileno a 12 horas, lo que dejó entre 400 y 500 camiones retenidos, incrementa los fletes y genera sobrecostos logísticos, según el transporte pesado.

El receso legislativo, vigente hasta el 20 de julio, no paraliza del todo la Asamblea: una comisión especial de nueve senadores y 18 diputados podrá tratar normas urgentes por convocatoria del Ejecutivo, entre ellas el PGE 2026 reformulado, la Ley Antibloqueos, la convocatoria a elecciones judiciales complementarias y una salida a las acefalías judiciales, según explicó el diputado Carlos Alarcón.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara prioridad nacional la construcción de una ruta alterna entre La Paz y Cochabamba por el tramo Río Abajo–Quillacollo, que reduciría el tiempo de viaje entre ambos departamentos a unas cuatro horas; ahora se busca el financiamiento para ejecutar la obra.

Boliviana de Aviación (BoA) informó mediante un comunicado que su gerente general, Eduardo Valdivia, se ausentó temporalmente de sus funciones bajo una modalidad sin goce de haberes para atender asuntos personales, y calificó de inexactas las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta ausencia irregular.

Los abogados de Evo Morales pidieron a la Fiscalía y al Tribunal de Sentencia rechazar el proceso por trata de personas, tras asegurar que la presunta víctima presentó un memorial en el que niega haber sido víctima de un delito y sostener que el expresidente no fue notificado personalmente, pese a haber sido declarado rebelde en enero.

El Gobierno incluyó en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 un recorte superior a Bs 3.800 millones al presupuesto de las empresas públicas, como parte de un plan para reducir el déficit fiscal del 16% al 9% del PIB. La propuesta, enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicita además facultades para liquidar, transformar, fusionar o cerrar empresas estatales que, tras una evaluación, sean consideradas inviables.

Leer más: Gobierno plantea recortar Bs 3.800 millones a empresas públicas