Presentan en Bolivia una denuncia penal contra Zapatero, Arce y otras 11 personas
Lo esencial: El abogado Cristian Pablo Mina presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Luis Arce y otras 11 personas, a quienes acusa de operar como una red para influir en un fallo judicial de Bs 744,3 millones ($us 107 millones) en favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce.
Por qué importa: La denuncia lleva al sistema judicial boliviano la pregunta de fondo: si un fallo del propio país pudo inclinarse mediante dinero e influencia política externa. De cómo la Fiscalía procese el caso dependerá la confianza ciudadana en que la justicia falla por derecho y no por contactos.
Qué dice la denuncia: Acusa a los denunciados de conformar una presunta “organización criminal” y pide investigar por tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces. En el petitorio solicita que el caso se investigue mediante una comisión de fiscales.
El trasfondo: El conflicto nace de la disputa entre Fancesa —cementera pública chuquisaqueña— y Soboce, adquirida en 2014 por el Grupo Gloria.
- En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de Bs 744,3 millones a favor de Fancesa.
- Meses después, dos vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz —también denunciados— anularon esa sentencia, el giro que la denuncia considera el núcleo del presunto complot.
El frente español: El caso se originó en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, que documentó pagos por 200.000 euros a Zapatero para operar como “cabildero” en favor del Grupo Gloria. Esa investigación sigue su curso en España, mientras la denuncia boliviana busca trasladar el caso a la Fiscalía del país.
¿Y del lado boliviano?: El procesamiento dependería de quién sea investigado:
- Los exfuncionarios y particulares involucrados corresponderían a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, con la Procuraduría General del Estado habilitada para querellarse en defensa del Estado.
- Para el expresidente Arce, la Ley 044 prevé un juicio de responsabilidades por delitos cometidos en ejercicio de funciones —entre ellos el uso indebido de influencias—, que exige el aval de dos tercios de la Asamblea Legislativa y juzgamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Su aplicación a exmandatarios, sin embargo, es objeto de debate jurídico.
El Legislativo se mueve: La bancada de Alianza Libre en el Senado, a través de la senadora Tomasa Yarhui, propuso conformar una comisión especial para indagar el caso y pedir, vía Cancillería, la documentación de la investigación española.
Sí, pero: Se trata de una denuncia de un particular; aún no hay imputación formal ni decisión de la Fiscalía sobre admitirla. Consultados por la prensa, ni Soboce ni el Grupo Gloria respondieron hasta el cierre.
Qué sigue: La Fiscalía General deberá definir si admite la denuncia e inicia la investigación en Bolivia. En paralelo, el frente español avanza por la vía policial y judicial, sin imputación firme.
