Lo esencial: El estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz recibió respaldo de comités cívicos, organizaciones empresariales, dirigentes del transporte y líderes de oposición, quienes coincidieron en apoyar la medida tras más de 50 días de bloqueos.

Por qué importa: El amplio consenso entre sectores históricamente opuestos refleja la presión acumulada para que el Gobierno restablezca la normalidad después de casi dos meses de conflicto que afectaron la economía, el abastecimiento y la libre circulación.

La convergencia de cívicos, empresarios y oposición otorga legitimidad política a una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en todo el territorio nacional.

Panorama general: El respaldo provino de múltiples frentes con distintos énfasis sobre la aplicación de la medida.

Los comités cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni, Potosí y Oruro expresaron su apoyo, aunque varios insistieron en que debe ser temporal, específico y focalizado.
El sector empresarial fue el más contundente tras reportar millonarias pérdidas; la CANEB estimó daños por más de 1.143 millones de dólares y pidió sanciones contra promotores de bloqueos.
Desde la oposición, el expresidente Jorge Quiroga, la alianza LIBRE, el alcalde Manfred Reyes Villa y el gobernador Luis Revilla respaldaron la decisión gubernamental.

Los números: Las cifras revelan el impacto económico que motivó el respaldo empresarial a la medida.

Siete de cada diez empresas industriales redujeron o suspendieron operaciones debido a los cortes de rutas.
El estado de excepción tendrá una vigencia máxima de 90 días, aunque podrá levantarse antes si cesan las causas que lo motivaron.

Qué dicen: Los pronunciamientos reflejan tanto el apoyo como las condiciones que distintos sectores imponen a la medida.

“La medida debe ser acatada por la población”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, quien pidió que las autoridades actúen con firmeza frente a quienes intenten incumplirla.
“La impunidad solo contribuye a profundizar la crisis”, señaló la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia al exigir que se identifique y sancione a quienes promuevan, financien u organicen los bloqueos.
El dirigente del transporte pesado internacional Domingo Ramos advirtió que el sector enfrenta una situación cercana a la quiebra.

El contexto: El apoyo ciudadano a una intervención gubernamental ya se había manifestado antes de la declaratoria.

Organizaciones de comerciantes, mineros y sectores religiosos realizaron movilizaciones en La Paz y Sucre exigiendo al Gobierno intervenir para poner fin a los bloqueos.
En Oruro, sectores cívicos habían demandado desde mayo acciones urgentes para frenar las medidas de presión.

Sí, pero: El expresidente Jorge Quiroga, pese a respaldar la decisión, cuestionó que la declaratoria se haya producido después de más de 50 días de conflicto.

Algunos sectores movilizados mantienen los puntos de bloqueo tras la declaratoria, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el despliegue de efectivos policiales y militares.

Qué sigue: Las fuerzas de seguridad iniciaron operativos para despejar carreteras y restablecer la circulación. El Gobierno busca normalizar el abastecimiento de productos, recuperar la transitabilidad y contener el incremento de precios.