Lo esencial: El predio Santa Rita fue avasallado por sexta vez en dos años el 17 de junio, cinco meses después de que el Gobierno y autoridades de Santa Cruz lanzaran el Plan Integral “cero avasallamientos” con promesas de desalojos inmediatos y fin de la impunidad.

Por qué importa: El fracaso para frenar las tomas ilegales pone en duda la capacidad del Estado para garantizar la propiedad privada, ejecutar órdenes judiciales y brindar seguridad jurídica a uno de los principales polos productivos del país.

Los productores sostienen que la falta de resultados afecta la inversión privada, la producción agropecuaria y la generación de empleo en el departamento.

Los compromisos: La tabla de compromisos oficiales muestra una brecha sistemática entre los anuncios y los resultados concretos.

Promesas sin cumplir: lo que dijeron y lo que pasó en Santa Rita

Elaboración: El Post · Fuentes: Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, Viceministerio de Tierras y Luis Fernando Camacho

Deslizá para ver la tabla completa

Autoridad	Fecha	Lo que dijo	Lo que ocurrió
Rodrigo Paz Presidente	22 ene. 2026	Declaración “No hay espacio para mafias, maleantes ni corruptos.”	Sin cumplir Productores denuncian que grupos armados siguen operando en la zona.
Luis Fernando Camacho Gobernador de Santa Cruz	22 ene. 2026	Declaración “Santa Cruz será un departamento libre de avasallamientos.”	Sin cumplir No se evitó el sexto avasallamiento registrado en Santa Rita.
Viceministerio de Tierras Gobierno nacional	29 may. 2026	Anuncio Anunció restablecer la legalidad en el predio Santa Rita.	Sin cumplir El predio volvió a ser tomado el 17 de junio de 2026.

Los números: Las cifras revelan la magnitud del problema de avasallamientos en Santa Cruz.

La CAO sostiene que 331 predios fueron avasallados en el país, muchos de ellos en Santa Cruz.
Al momento de la firma del Plan Integral, los sectores productivos estimaban más de 300 predios afectados en el departamento.
ANAPO alertó que grupos ilegales tendrían como objetivo ocupar hasta 70.000 hectáreas en la zona norte.

Cronología del caso Santa Rita: El predio acumula seis avasallamientos desde julio de 2024 y tres campañas agrícolas consecutivas afectadas por la violencia.

Julio de 2024: primer avasallamiento documentado.
Julio de 2025: operativo policial recupera temporalmente el control del predio.
29 de mayo de 2026: nuevo ingreso de grupos armados.
17 de junio de 2026: sexto avasallamiento, con grupos armados y encapuchados que realizaron disparos y retuvieron a alrededor de 30 trabajadores.

Qué dicen: El abogado de la familia propietaria, Álvaro La Torre, denunció que durante el último conflicto la Policía no proporcionó los efectivos solicitados pese a requerimientos realizados por el Ministerio Público, situación que “dejó a los trabajadores expuestos frente a grupos armados”.

La propietaria Melissa Barba también cuestionó la falta de ejecución de órdenes judiciales y aseguró que uno de los presuntos líderes de las tomas, Vicente Ollisco Jamira, cuenta con una orden de aprehensión pendiente desde hace aproximadamente dos años. Según la denuncia, el dirigente habría sido vinculado a otros conflictos de tierras en la región.

Entre líneas: Los productores identifican un patrón que explica la persistencia del problema: los grupos abandonan los predios cuando se anuncian operativos y regresan una vez que concluye la intervención estatal.

Las organizaciones productivas sostienen que muchas ocupaciones responden a redes dedicadas al tráfico de tierras que operan aprovechando vacíos institucionales, demoras judiciales y escasa ejecución de sanciones.
A ello se suman problemas estructurales que el propio Gobierno reconoció al anunciar auditorías e investigaciones dentro del INRA por presuntas irregularidades vinculadas a la administración de tierras.

El panorama regional: Santa Rita no es un caso aislado. Las denuncias de tomas ilegales se concentran en Guarayos, el Norte Integrado, San Julián, San Pedro, Cuatro Cañadas, San José de Chiquitos, territorios indígenas de la Chiquitania y zonas vinculadas al caso Las Londras.

La conclusión: El sexto avasallamiento de Santa Rita se ha convertido en la principal prueba de fuego para una estrategia estatal que, hasta ahora, no ha logrado cumplir la promesa de erradicar los avasallamientos ni traducir los compromisos oficiales en resultados permanentes.