Destapan irregularidades en tres empresas estatales y activan la reestructuración

Lo esencial: El Ministerio de Desarrollo Productivo detectó irregularidades en Cartonbol, la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), mediante fiscalización interna, lo que derivó en destituciones, aprehensiones y procesos de reestructuración.

Por qué importa: Las irregularidades afectan directamente el patrimonio del Estado y revelan prácticas como cobros ilegales, pagos forzados a dirigentes sociales y compras dirigidas que evaden normas de contratación pública.

• El Gobierno activó una política de fiscalización que implica destituciones inmediatas, auditorías y reorganización administrativa en empresas del sector público productivo y agroindustrial.

Los hechos: La fiscalización identificó tres casos distintos de presuntas irregularidades en entidades bajo dependencia del Ministerio.

Qué dicen: El ministro Óscar Mario Justiniano dijo lo siguiente ante estos casos:

• “En este ministerio nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada, porque acá el respeto es al trabajo y al trabajador”, afirmó.
• “No se puede estafar al pueblo boliviano. Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”, sostuvo Justiniano.

Antecendente: Un total de 14 empresas estatales bolivianas operaban en abril pese a generar pérdidas promedio de $us 145 millones anuales, acumulando un daño económico de más de $us 1.608 millones desde su creación hasta la actualidad.

• EBA: Presentaba pérdidas constantes y dependencia estatal para subsistir. Monto desembolsado: Bs 388,9 millones. Se evalúa reestructuración profunda o posible privatización parcial.
• Cartonbol: Presentaba pérdidas acumuladas de Bs 8,5 millones y una deuda de 6,14%.
• El OAP: No es una empresa en quiebra técnica, sino una entidad pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que recientemente fue intervenida tras detectarse graves irregularidades y cobros ilegales a funcionarios.

Qué sigue: Se espera una etapa de auditorías profundas y posibles procesos penales, con ampliación de las investigaciones a otras áreas del Estado.

• El Gobierno evalúa avanzar hacia una reestructuración más amplia de las empresas públicas, con nuevas destituciones y ajustes administrativos.