Iglesia y Defensoría llaman al diálogo y convocan a un pacto social para frenar la violencia
Lo esencial: La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convocaron a representantes provinciales y municipales a un encuentro urgente para construir un pacto social que frene la violencia y pare la conflictividad en Bolivia.
Por qué importa: La convocatoria llega en un momento crítico, este jueves se cumplen 42 días de bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos básicos, especialmente en La Paz y El Alto.
- Autoridades nacionales han informado sobre al menos 14 fallecidos que no habrían podido recibir atención médica oportuna debido a los cortes de ruta.
El objetivo: La iniciativa busca reunir a actores locales y representantes territoriales para generar consensos que permitan restablecer puentes entre los sectores enfrentados y abrir espacios de diálogo.
- Ambas instituciones exhortaron a los actores involucrados a abandonar posiciones que dificulten una solución y participar con espíritu de reciprocidad, complementariedad y búsqueda de acuerdos.
Contexto: Las movilizaciones responden a demandas de sectores que exigen la renuncia del presidente del Estado, una situación que ha derivado en bloqueos, enfrentamientos y una creciente polarización política y social.
- Según reportes oficiales, las medidas de presión ya provocaron pérdidas económicas millonarias para el aparato productivo, afectaciones al comercio y dificultades para el traslado de bienes esenciales.
Qué dicen: “Tenemos la esperanza de encontrar alternativas para frenar la alta tensión y conflictividad que afectan a Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del departamento de La Paz”, señala el comunicado firmado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el obispo de El Alto, monseñor Giovanni Arana.
- “No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad más justa y armoniosa”, concluye el pronunciamiento conjunto.
Entre líneas: La intervención de la Iglesia y la Defensoría evidencia que los canales tradicionales de negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados están agotados, obligando a instituciones con legitimidad social a asumir un rol de mediación.
