Diputados sanciona la Ley de Estados de Excepción y la remite al Ejecutivo
Lo esencial: La Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este domingo la Ley de Regularización de Estados de Excepción, tras una sesión de casi 14 horas, y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.
Por qué importa: La norma otorga al presidente Rodrigo Paz Pereira un instrumento legal para enfrentar los 38 días de bloqueos que exigen su renuncia, permitiendo medidas extraordinarias que incluyen el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía.
- La aprobación se produce en un momento de escalada de violencia: un día antes hubo enfrentamientos en San Julián con una veintena de heridos, incluidos seis policías —cuatro por impacto de bala.
El plan: La ley establece un marco para declarar estados de excepción mediante decreto supremo ante cuatro causales específicas.
- Peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural son las causales habilitantes.
- El decreto debe especificar motivación, delimitación territorial, duración, facultades conferidas e instituciones encargadas de la ejecución.
- La Policía mantiene el mando primario en operaciones de orden público, pero las Fuerzas Armadas pueden intervenir cuando la capacidad policial sea “manifiestamente insuficiente”.
Los números: La norma fija límites temporales y procedimentales precisos para su aplicación.
- 90 días es la vigencia máxima del estado de excepción, ampliable solo con autorización de la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta.
- 24 horas tiene el Ejecutivo para convocar a sesión permanente de la Asamblea tras publicar el decreto.
- 72 horas es el plazo máximo para que la Asamblea decida sobre la vigencia del estado de excepción.
Qué dicen: Los legisladores debatieron si la ley es un instrumento de protección o de escalada del conflicto.
- “Es un instrumento para proteger la vida de millones de bolivianos, no para unos cuantos y por caprichos políticos”, afirmó la diputada Kattia Arando del PDC.
- “Hay personas radicales, cierto, pero no podemos confundir a todos. Si aprobamos esta ley puede ser peor”, advirtió Basilia Cruz de Alianza Popular.
Sí, pero: La ley incluye salvaguardas que limitan el alcance de las medidas extraordinarias. No podrá suspenderse el derecho al debido proceso, a la información ni los derechos de personas privadas de libertad. El patrocinio legal estatal a funcionarios no cubrirá actos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales ni violaciones graves de derechos humanos.
Qué sigue: El Ejecutivo debe promulgar la ley para que entre en vigencia. Una vez concluido cualquier estado de excepción, el gobierno tiene 30 días hábiles para rendir cuentas a la Asamblea sobre los motivos de la declaración y el uso de las facultades conferidas.
