Justiniano a la cartera de Defensa, el primer paso para declarar Estado de excepción
Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz posesionó a Ernesto Justiniano Urenda como nuevo ministro de Defensa e inmediatamente envió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 505 para reglamentar los estados de excepción en Bolivia.
Por qué importa: El cambio ministerial y el proyecto de ley ocurren tras 34 días de bloqueos que mantienen paralizada gran parte del país, con cerca de 90 puntos de corte en siete departamentos que afectan gravemente el suministro de alimentos, combustible y medicamentos.
- La combinación de un nuevo liderazgo militar y una herramienta legal para medidas excepcionales señala que el Ejecutivo se prepara para una escalada en su estrategia frente a los sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente.
El plan: El Proyecto de Ley 505 establece el marco para declarar estados de excepción ante situaciones de peligro real que amenacen la seguridad nacional o el funcionamiento del Estado.
- La declaratoria tendría una vigencia máxima de 90 días y debe formalizarse mediante Decreto Supremo.
- El Ejecutivo debe comunicar la medida a la Asamblea en 24 horas para su aprobación o rechazo por mayoría absoluta en un máximo de 72 horas.
- Se prohíbe explícitamente la suspensión de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el derecho a la información.
Qué dicen: Las declaraciones del nuevo ministro y los distintos sectores reflejan la polarización ante la posible medida de excepción.
- “Firmeza con legalidad no es abuso” y “diálogo con responsabilidad no es debilidad”, afirmó Justiniano, advirtiendo que el derecho a la protesta no puede anular garantías básicas como la salud y el trabajo.
- “El uso de las armas a través de este mecanismo no pacificará el país, sino que enfurecerá aún más al pueblo movilizado”, vaticinó el exdiputado del MAS Héctor Arce.
- “Ni siquiera la excepción detendrá la petición de renuncia del presidente”, advirtió la dirigente Wilma Colque, amenazando con movilizaciones hacia los cuarteles.
Sí, pero: La expresidenta Jeanine Áñez señaló que si bien el Estado no puede renunciar a los mecanismos constitucionales para imponer el orden, cualquier uso de la fuerza debe ser proporcional y estar sometido a control.
- Arce afirmó que las renuncias de los ministros salientes se debieron al temor a las consecuencias legales de firmar un decreto de excepción.
Entre líneas: El viceministro Hernán Paredes defendió que la ley no contempla medidas restrictivas del pasado, sino acciones para restablecer derechos afectados, con énfasis en evitar más fallecimientos por falta de oxígeno o atención médica.
- La convocatoria prevista de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo como observadores sugiere que el Gobierno anticipa cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y busca blindarse con legitimidad humanitaria.
Qué sigue: El Gobierno de Rodrigo Paz se prepara para lo que el mandatario ha denominado “la batalla de todas las batallas” para recuperar el control de las carreteras, mientras la Asamblea Legislativa debe pronunciarse sobre el proyecto de ley en un plazo máximo de 72 horas tras recibirlo.
