Lo esencial: La Fiscalía de La Paz liberó a 101 personas detenidas durante los disturbios del 18 de mayo, mientras 29 siguen aprehendidas con imputación formal.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, permanece con orden de detención y continúa desaparecido.

Por qué importa: El conflicto laboral ha puesto a prueba los límites del fuero sindical en Bolivia, con dirigentes procesados por delitos como terrorismo e instigación pública a delinquir. La protección constitucional ampara las actividades gremiales, pero los manifestantes sobrepasaron la norma con el empleo de la violencia.

La secuencia de detenciones y liberaciones revela, además, una estrategia gubernamental de presión judicial selectiva contra líderes sindicales, mientras las bases son liberadas bajo compromiso de no reincidir en movilizaciones.

Estado actual: El mapa de detenidos y procesados muestra distintos niveles de exposición judicial según el rol de cada actor en las protestas.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, tiene orden de aprehensión por instigación pública a delinquir y terrorismo; su paradero no está confirmado públicamente.
El senador Nilton Condori enfrenta una acción popular admitida por la Sala Constitucional Segunda, junto a Argollo y los “Ponchos Rojos”, por los bloqueos que afectaron a millones de ciudadanos.
Los 13 dirigentes fabriles aprehendidos el 6 de mayo por la toma del Ministerio de Trabajo fueron liberados tras pasar una noche en celdas de la FELCC.
Un juzgado determinó este miércoles enviar a la cárcel de San Pedro, por tres meses, a dos jóvenes por el intento de homicidio de dos policías, tras ser agredidos en grupo mientras custodiaban la estación de la Línea Celeste del Teleférico en las movilizaciones del lunes.

Dirigentes sindicales detenidos o investigados durante las movilizaciones

Fuente: Búsqueda hemerográfica · Datos al 20/05/2026

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Dirigente / Grupo	Organización / Sector	Tipo de medida	Delitos imputados o invocados	Proceso judicial
Mario Argollo	COB (Central Obrera Boliviana)	Detención / Investigación	Instigación pública, terrorismo, daños, perturbación de servicios	Proceso penal activo + acción popular admitida por Sala Constitucional Segunda
13 dirigentes fabriles	Federación Fabril – COB La Paz	Detenidos 24–48 h; liberados bajo garantías	Allanamiento y retención de funcionarios en Ministerio de Trabajo	Investigación preliminar; sin imputación penal consolidada en la mayoría
Dirigentes mineros y campesinos	Sectores afiliados a la COB y afines	Arrestos en operativos de desbloqueo	Participación en bloqueos violentos, daños a infraestructura	47 detenidos reportados por la Defensoría; varios en investigación o con medidas sustitutivas
Otros dirigentes sindicales no nominados	COB, transportistas y otros sectores	Detenidos en distintos días de movilización	Participación en bloqueos y disturbios	Casos dispersos sin listado oficial; algunos con procesos penales, otros con liberación rápida

Los números: Las cifras de detenidos reflejan el alcance de la respuesta estatal a las movilizaciones de mayo.

101 personas fueron liberadas tras cumplir ocho horas de arresto y presentar garantías de no participar en nuevas movilizaciones.
29 personas siguen aprehendidas y enfrentan imputación por destrucción de bienes del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La Defensoría del Pueblo reportó 47 detenidos en una jornada de desbloqueo, en su mayoría trabajadores de minería, campesinos y transportistas.

Cómo se liberó tan rápido a 101 personas: La mayoría fueron detenidos por delitos de menor gravedad o presumibles faltas de orden público, no por delitos de alto impacto (como terrorismo o portación de arma de fuego), lo que facilitó la aplicación de medidas de libertad inmediata o con garantías simples.

Legalmente, la Policía debe derivar a los detenidos a la Fiscalía, y luego a un juez; liberar a 101 personas en tan poco tiempo sugiere que se decidió no formalizar acusación en la mayoría de los casos, o se les impuso medidas alternativas (presentación periódica, garantía de no reincidir, etc.).
Esas personas están con la aplicación de medidas cautelares y se estableció el grado de participación, indicó el fiscal Luis Carlos Torrez, quien añadió que los mismos fueron arrestados.

Contexto: La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su artículo 51 que los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical y no pueden ser sometidos a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.

El Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1949, extiende la protección no solo a dirigentes sino a todos los trabajadores que participen en actividades sindicales.
Sin embargo, las normas aclaran que el fuero no significa impunidad y no protege de actos contrarios a las normas laborales.

Qué dicen: Las posiciones del gobierno y los sindicatos revelan la tensión política detrás de los procesos judiciales.

“No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, secuestre a funcionarios y que, finalmente, lo demos por normal. Ante eso, vamos a tener una respuesta firme”, advirtió el portavoz presidencial, José Luis Gálvez.
“No le tenemos miedo a este proceso porque el movimiento obrero fabril es honesto y transparente. Lo único que han hecho es reivindicar las necesidades del sector”, afirmó el abogado Vladimir Ochoa, del equipo jurídico de “Evo Pueblo”.

Sí, pero: No existe una lista oficial y pública completa de todos los dirigentes que aún están detenidos. La información disponible proviene de comunicados sindicales, redes sociales y reportes parciales de medios, sin un registro judicial consolidado que permita verificar nombres y condiciones de detención.

Qué sigue: La Fiscalía presentará imputaciones formales contra los 29 aprehendidos por delitos que incluyen destrucción de bienes del Estado y asociación delictuosa, mientras se abrió una investigación específica por las agresiones contra periodistas durante las movilizaciones.