Lo esencial: Mientras el juicio por trata agravada contra Evo Morales avanza y la Justicia ratifica órdenes de captura en su contra, Bolivia enfrenta una escalada de violencia, bloqueos, marchas y pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

El Gobierno denuncia un intento de desestabilización política impulsado por sectores evistas.

El exmandatario acusa al Ejecutivo de criminalizar la protesta y utilizar la justicia como herramienta de persecución.

Por qué importa: La simultaneidad entre el endurecimiento judicial contra Morales y la radicalización de las movilizaciones ocurre en un escenario de confrontación total que paraliza el abastecimiento de alimentos y combustible en La Paz. Algunos sectores dudan que se trate de una coincidencia.

El conflicto que se inició con demandas sectoriales —salarios, combustibles y reivindicaciones laborales— derivó en una consigna política común, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El contexto: El proceso judicial contra Morales se remonta al 2020, cuando surgieron denuncias sobre su presunta relación con menores de edad durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El expediente fue archivado durante la administración de Luis Arce y reabierto en 2024 en medio de la ruptura definitiva entre el arcismo y el evismo.
Desde entonces, Morales permanece refugiado en el trópico de Cochabamba, donde cocaleros organizan anillos de seguridad permanentes para impedir una eventual captura policial.

Los números: La Fiscalía sostiene que existen más de 170 pruebas acumuladas contra Morales, entre declaraciones, documentos y pericias.

El Ministerio Público anticipó que solicitará hasta 20 años de cárcel para el expresidente.
Luego de ese escenario, la crisis ingresó en su segunda semana con el departamento de La Paz prácticamente sitiado por protestas de distintos sectores.

Qué dicen: Las posiciones del Gobierno y de Morales reflejan narrativas completamente opuestas sobre la naturaleza del conflicto. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, vinculó las protestas con sectores afines a Evo Morales y denunció un supuesto financiamiento ligado al narcotráfico.

“Esos que intentan del pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante la presentación del informe “Democracias bajo presión” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Es muy delicado tratar de criminalizar y deslegitimar las movilizaciones que ahora hay en el país”, respondió Morales desde la radio cocalera del Chapare.
“Tiene un interés manifiesto de preservar un escenario en el que el crimen organizado, el delito, las economías oscuras puedan campear de forma libre, y se pueda ejercitar el libertinaje”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que dos mineros fueron sorprendidos en posesión de Bs 125.000 al interior de un alojamiento y “no se descarta que el dinero esté destinado al financiamiento de bloqueos y movilizaciones”.
“Desde el gobierno moral de los cruceños advertimos de manera categórica que no vamos a permitir que intereses oscuros, liderados por mafias del narcotráfico, terroristas y organizaciones criminales intenten derrocar al gobierno constitucional”, señaló Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz.

Los hechos: La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó bloqueos en cinco departamentos, con La Paz como epicentro del conflicto.

Las rutas hacia Patacamaya, Desaguadero, Achica Arriba, Río Seco, Huarina, Luribay y San Andrés de Machaca permanecen cerradas parcial o totalmente.
En Río Seco y la Ceja de El Alto se reportaron enfrentamientos, ataques a vehículos, destrucción de vidrios e intentos de saqueo.
Una marcha impulsada por sectores afines a Morales avanza desde Patacamaya hacia La Paz en su cuarto día de recorrido.

Quiénes se movilizan: Al menos cuatro sectores sostienen protestas simultáneas que incluyen bloqueos, marchas y concentraciones, principalmente en La Paz y El Alto, en medio de una creciente crisis social y política, entre ellos están:

Los campesinos de la Federación Túpac Katari, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB) junto a los mineros cooperativistas, que demandan cambios económicos y la abrogación de normas.
Los maestros urbanos y rurales con pedidos salariales y laborales.
Sectores afines a Evo Morales partieron desde Caracollo, Oruro, con su movilización denominada “Marcha por la vida, para salvar Bolivia” avanza hacia la ciudad de La Paz.

Entre líneas: El Gobierno comenzó a vincular abiertamente las protestas actuales con los cercos y bloqueos de 2019, utilizando términos como “movimiento insurreccional” y “acciones desestabilizadoras”.

Sin embargo, verificadoras independientes, como Chequea Bolivia, señalaron que algunos audios atribuidos a Morales donde supuestamente instruye cercar La Paz corresponden a conflictos del año pasado, no actuales.

Sí, pero: Morales rechaza todas las acusaciones y denuncia persecución política, aunque evade comparecer ante la Justicia argumentando falta de garantías procesales.

El expresidente aseguró haber recibido información sobre un supuesto operativo conjunto entre Inteligencia militar y la Administración para el Control de Drogas (DEA) para detenerlo, aunque no presentó pruebas.

Qué sigue: El Gobierno anunció investigaciones para identificar quiénes financian transporte, dinamita, alimentación y logística de las movilizaciones. Mientras el juicio contra Morales quedó suspendido y la Justicia ratificó una orden de aprehensión por trata agravada de personas.