Lo esencial: La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declaró en emergencia este lunes en defensa de la Ley 1720, mientras productores cañeros y ganaderos benianos se sumaron a la movilización contra la abrogación de la norma que espera tratamiento en el Senado.

Por qué importa: La eliminación de la ley afectaría el acceso a financiamiento, tecnología e infraestructura para pequeños y medianos productores rurales, según los sectores agropecuarios movilizados.

Los productores advierten que sin la norma, miles de familias rurales quedarían condenadas a economías de subsistencia y se cerrarían oportunidades de crecimiento productivo.

El pronunciamiento cruceño: La resolución fue aprobada por 43 de los 44 legisladores presentes en la Brigada Parlamentaria y expresa respaldo “al contenido y alcance” de la Ley 1720.

Los parlamentarios se pusieron “a disposición de las determinaciones que adopten los sectores productivos, pequeños productores, instituciones cívicas y el pueblo cruceño en general”.
El documento rechaza lo que califica como “actitudes desestabilizadoras y antidemocráticas” que estarían utilizando la norma para afectar la estabilidad política surgida tras el proceso electoral de 2025 y 2026.
Los legisladores exigieron al Gobierno defender la institucionalidad democrática, evitar interferencias en el Órgano Legislativo y preservar la seguridad jurídica del régimen agrario.

La voz disidente: La única legisladora que votó en contra fue la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa.

“Estoy de acuerdo en abrogar la ley porque no fue socializada. Se violó la Constitución y por eso hoy existen marchas y bloqueos”, sostuvo Romero, argumentando que la norma vulneró el artículo 30 de la Constitución relacionado con los derechos de consulta de los pueblos indígenas.

El bloque productivo se articula: La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) expresó su “respaldo pleno y contundente” a la vigencia de la norma y advirtió que su eliminación generaría incertidumbre para miles de productores agropecuarios.

En un pronunciamiento titulado “Bolivia no puede darle la espalda a sus productores”, el sector sostuvo que la ley constituye una herramienta clave para garantizar inversiones, acceso a crédito y expansión productiva.
Los cañeros remarcaron que no buscan privilegios, sino “condiciones justas y garantías” para seguir produciendo y generando empleo, y anunciaron que se mantendrán en estado de alerta.

La emergencia beniana: La Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), la Cámara Agropecuaria del Beni y productores lecheros se declararon en emergencia ante la posible abrogación.

“Rechazamos cualquier intento de frenar el desarrollo del pequeño productor”, afirmó Bruno Fernando Boehme Mercado, presidente de Fegabeni, quien sostuvo que la normativa permite que productores rurales puedan crecer de manera voluntaria y sostenible.

Los números: Según el sector beniano, más de nueve millones de hectáreas están actualmente en manos de pequeños productores que requieren seguridad jurídica y condiciones para ampliar su capacidad productiva.

La bandera autonómica: El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, defendió públicamente la norma durante el encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz en Cochabamba el pasado sábado y pidió al Senado frenar su abrogación.

Velasco calificó la decisión tomada en Diputados como “un atentado contra la libertad” de los pequeños productores y afirmó que la ley “es una medida optativa, voluntaria y libre”.
El gobernador planteó regionalizar este tipo de decisiones y permitir que cada departamento defina sus propias políticas agrarias: “Si estamos buscando una autonomía plena, este puede ser un gran inicio”.
Velasco aprovechó el escenario para impulsar la propuesta cruceña del modelo “50-50”, orientada a redistribuir recursos y competencias entre el nivel central y las regiones, argumentando que las gobernaciones enfrentan un “déficit estructural”.

Entre líneas: Aunque el debate se originó en torno al régimen agrario, el conflicto comenzó a transformarse en una disputa más amplia sobre autonomías, modelo económico y control político territorial.

Mientras sectores indígenas y parlamentarios oficialistas impulsan la abrogación argumentando vulneraciones constitucionales y riesgos de concentración de tierras, los sectores productivos sostienen que eliminar la ley cerraría oportunidades para pequeños productores rurales.

Qué sigue: El Senado debe definir el futuro de la Ley 1720, cuya abrogación ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. La norma se convirtió en uno de los primeros grandes puntos de confrontación política y económica del nuevo ciclo legislativo.