¿Qué es la Ley 1720 y qué hay detrás del conflicto por tierras y créditos?
Lo esencial: La Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades rurales en medianas para acceder a créditos bancarios, enfrenta su posible abrogación tras el compromiso del presidente Rodrigo Paz con sectores campesinos, lo que desató el rechazo del sector productivo cruceño.
Por qué importa: El conflicto define el futuro del acceso a financiamiento para miles de productores rurales y la protección de territorios indígenas y campesinos.
- La decisión final de la Asamblea Legislativa determinará si los pequeños propietarios pueden hipotecar sus tierras o si estas mantienen su carácter inembargable que las protege de ejecuciones bancarias.
Qué establece la ley: La norma, promulgada el 10 de abril de 2026, autoriza al INRA a realizar la conversión voluntaria de pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.
- El procedimiento requiere una solicitud escrita y declaración jurada ante el INRA, que debe concretar el cambio en máximo diez días hábiles.
- La pequeña propiedad es legalmente inembargable, lo que impide usarla como garantía para préstamos; al convertirse en mediana, puede hipotecarse para obtener créditos.
- La verificación de la Función Económica Social (FES) se activaría recién diez años después de la conversión.
Por qué el sector productivo la defiende: Según Klaus Frerking, presidente de la CAO, los principales beneficiarios son los pequeños productores individuales que representan el 90% de los títulos rurales del país y buscan salir de la pobreza mediante tecnología.
- Abraham Nogales, presidente de Anapo, ratificó su apoyo por considerarla una herramienta vital para que el pequeño productor pueda crecer y obtener financiamiento.
- Yamil Nacif, vicepresidente de la CAO, atribuyó las críticas a un “trasfondo político” de organismos vinculados al gobierno anterior que buscan distorsionar el fin de la norma.
Por qué sectores campesinos la rechazan: La Contiocap sostiene que la norma es inconstitucional y advierte sobre el riesgo de despojo territorial masivo, deforestación y presión sobre tierras no consolidadas para comunidades.
- Jorge Rocha, de la Fsutco, califica la ley como “asimétrica”: un productor con pocas hectáreas no puede competir ni acceder a los mismos montos de préstamo que un gran empresario con miles de hectáreas.
- Crispín Soto, de la Csutcb, teme que los bancos terminen apropiándose de tierras comunitarias y vincula la norma con intenciones de privatizar recursos naturales.
- Los campesinos denuncian que la norma permite conversiones sin consulta previa a las comunidades y temen que el requisito de FES se convierta en mecanismo de reversión de tierras.
La decisión del Gobierno: Ante la presión de una marcha indígena que llegó a la sede de Gobierno, el presidente Paz firmó un acta comprometiéndose a gestionar ante la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 1720.
- El vocero José Luis Gálvez explicó que el objetivo es construir una nueva normativa de consenso que incluya las diversas visiones del país sobre la tierra.
La reacción cruceña: Frerking manifestó un “rechazo categórico” al anuncio, calificándolo como un “retroceso histórico” que mantendrá a miles de pequeños productores excluidos del sistema financiero.
- El exgobernador Luis Fernando Camacho pidió al Gobierno no ceder al “chantaje” de grupos que buscan desestabilizar y defendió la libertad de decisión de los propietarios rurales.
- El senador Branko Marinkovic argumentó que el rechazo a la ley busca mantener el “sometimiento y chantaje” político sobre el campesino, impidiéndole ser económicamente libre.
- El Comité pro Santa Cruz criticó a un Gobierno que actúa con “miedo” ante la presión de pocos grupos, condenando a los productores a la informalidad económica.
Qué sigue: La CAO anunció el inicio de medidas de presión progresivas a partir del 14 de mayo. El conflicto queda ahora en manos de la Asamblea Legislativa, mientras los sectores productivos se declaran en emergencia nacional.
