Tierra, dinero y crimen organizado: el negocio ilegal que se expande en Bolivia
Lo esencial: El tráfico de tierras en Bolivia se ha consolidado como un negocio ilegal en expansión que opera con estructuras del crimen organizado, roles definidos, logística y financiamiento, alcanzando tanto zonas rurales como urbanas.
Por qué importa: La ocupación ilegal de unidades productivas genera inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país al interrumpir la producción agrícola y ganadera.
- La tierra fiscal se ha convertido en una “moneda de pago” para favores políticos y en un activo para la legitimación de ganancias ilícitas transversales a diversos operadores.
Cómo opera la red criminal: Según el penalista Cristian Sánchez, el tráfico de tierras está impulsado por “intereses cruzados de mucha importancia” de carácter económico, sindical y comunal, con una estructuración que incluye división del trabajo y asignación de responsabilidades.
- La organización se basa en la corrupción de autoridades comunales, sindicales, regionales y originarias, así como en el armamento de grupos de choque que actúan como tomadores de facto.
- Estos grupos no solo buscan mantener la posesión ilegal, sino que enfrentan activamente a la fuerza pública y amedrentan a fiscales y policías para impedir investigaciones.
La violencia como método: La agresividad ha escalado hasta registrarse asesinatos de propietarios o arrendatarios, siendo el caso de “Las Londras” una muestra extrema que incluso afectó a trabajadores de la prensa.
- El reciente asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, cometido mediante sicariato en entorno urbano, podría ser un mensaje del crimen organizado para inhibir a los operadores de justicia, según Sánchez.
El marco legal: Bolivia cuenta con la Ley N 477 contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, promulgada el 30 de diciembre de 2013, que establece un régimen jurisdiccional para resguardar la propiedad privada, estatal y fiscal.
- El artículo 337 bis del Código Penal sanciona el tráfico de tierras con penas de tres a ocho años de prisión para quien arriende, negocie, compre, venda o permute tierras que no sean de su propiedad.
- El artículo 351 ter agrava la pena en un tercio cuando el delito es cometido por servidores públicos vinculados a instituciones encargadas del acceso a la tierra.
- Los sancionados con sentencia ejecutoriada no pueden beneficiarse de la distribución de tierras por un lapso de diez años.
Sí, pero: El cumplimiento de la ley se ve obstaculizado por la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Investigaciones han revelado que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha sido históricamente un foco de corrupción donde se “blanquea” el tráfico de tierras a través de procesos irregulares de saneamiento y titulación.
- El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, denunció el “tráfico de datos” desde el interior del INRA, donde funcionarios facilitaban información estratégica a los avasalladores para ingresar a predios privados.
EXAUTORIDADES VINCULADAS AL TRÁFICO DE TIERRAS
| Nombre / Cargo | Vinculación | Monto / Escala | Situación legal |
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Edwin Characayo Exministro de Desarrollo Rural y Tierras |
Aprehendido en 2021 recibiendo un soborno para favorecer el saneamiento de un predio en Santa Cruz. Usó su cargo para evitar la reversión de tierras fiscales y beneficiar a particulares. | $us 20.000 Soborno recibido | Condenado 8 años por cohecho pasivo agravado |
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Entorno de César Cocarico Exministro de Desarrollo Rural y Tierras |
Su hermano Rogelio fue encarcelado por estafar a una colonia menonita prometiendo legalizar asentamientos. Otros familiares señalados por presuntas estafas y uso indebido de cargos en el INRA y la ABT. | $us 600.000 Estafa a colonia menonita | Vinculado Hermano encarcelado; familiares señalados |
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Branko Marinkovic Exministro de Economía |
Denunciado por la Fundación Tierra por presuntamente beneficiarse con la dotación irregular de tierras en Santa Cruz. Su familia sostiene que el proceso fue legal. | +33.000 ha Dotación denunciada en Santa Cruz | Denunciado Sin condena; caso en debate público |
Entre líneas: El asesinato del magistrado Claure, mientras la policía maneja como hipótesis un conflicto por resoluciones sobre posesión de tierras en el oriente, sugiere que el crimen organizado ha escalado su capacidad de intimidación hasta alcanzar a los más altos operadores de justicia agraria.
Qué sigue: El Viceministro de Tierras anunció un plan de “cero tolerancia” a los avasallamientos con auditorías al INRA para detectar datos modificados y desarticular las “mafias incrustadas”, mientras el Ministerio Público y la Policía coordinan la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes contra cabecillas de estas redes.
