Descongelar precios y flexibilizar impuestos: los retos de la nueva ley de hidrocarburos

Lo esencial: La nueva Ley de Hidrocarburos, lista en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, enfrenta el desafío de descongelar los precios que YPFB paga a las operadoras y flexibilizar el régimen impositivo para recuperar la producción de gas y petróleo.

Por qué importa: El precio del petróleo congelado en 27,11 dólares por barril desde 2004 generó un severo desincentivo a la exploración, mientras Bolivia importa crudo a más de 75 dólares.

• Si la producción continúa declinando, para 2030 el país dejará de percibir ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, según advierte el analista Álvaro Ríos.

El problema: El Decreto Supremo 27691 de 2004 fijó el precio máximo del petróleo para el mercado interno en 27,11 dólares por barril, mientras los precios internacionales oscilan entre 60 y 80 dólares.

• El gas natural presenta una situación similar: el mercado interno pagaa aproximadamente 1 dólar por millón de BTU, mientras que el país podría importar desde Argentina a precios de entre 6 y 7 dólares el millón de BTU, según cálculos de Ríos.
• El régimen impositivo actual captura cerca del 50% del valor del hidrocarburo en boca de pozo, considerado por las operadoras como poco competitivo para atraer nuevas inversiones.

Los números: El sistema tributario se compone de un 18% en regalías (11% para departamentos productores, 1% para Beni y Pando, y 6% de regalía nacional compensatoria) y un 32% por el IDH.

• El Decreto Supremo 4616 de noviembre de 2021 estableció incentivos de 30 y 35 dólares adicionales por barril para zonas tradicionales y no tradicionales, pero sin resultados notables, salvo el aumento de la producción en el campo Boquerón Norte a 900 barriles por día.

Qué dicen: Los analistas del sector coinciden en la necesidad de reformas estructurales, aunque con distintos énfasis sobre las medidas prioritarias.

• “El 32% de cero sigue siendo cero”, argumenta Ríos al proponer una reducción impositiva drástica y señalar que la nueva ley debe considerar el riesgo geológico y la apertura de mercados.
• José Padilla sostiene que tanto el precio del gas como el de los líquidos deben ser reajustados a niveles internacionales y sugiere analizar modelos de países vecinos como Argentina y Perú.
• El ministro Mauricio Medinaceli reconoce que tener una sola alícuota para campos grandes, medianos y pequeños es ineficiente, comparándolo con un “mismo traje” para todos.

El plan: El proyecto de ley gubernamental se asienta sobre cinco ejes clave: recuperar la producción de gas, petróleo y carburantes; rehabilitar el rol productor de YPFB; incentivar la inversión privada; y frenar la declinación de los campos.

• Ríos plantea la necesidad de un regulador independiente, técnico y despolitizado, además de terminar con el monopolio de YPFB, señalando que la estatal no puede ser “juez y parte” al firmar contratos consigo misma.
• El analista también propone asegurar el tránsito de gas entre Argentina y Brasil a través de Bolivia para mantener operativos los gasoductos, advirtiendo que de lo contrario los ductos bolivianos podrían convertirse en “chatarra”.

Sí, pero: El Decreto Supremo 4616 de 2021, que intentó paliar la situación con incentivos mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES), logró resultados puntuales pero no resolvió el problema estructural, según los especialistas.

Qué sigue: El desafío de la nueva ley será encontrar una tasa impositiva óptima que maximice la recaudación sin desincentivar la inversión, considerando que impuestos excesivamente altos terminan por desplomar la producción y los ingresos estatales.