Lo esencial: A 17 años del operativo en el Hotel Las Américas, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abre la posibilidad de investigar penalmente a Evo Morales y Álvaro García Linera por su presunta participación en la cadena de mando del operativo de 2009.

Por qué importa: Una eventual sentencia adversa de la Corte IDH obligaría al Estado boliviano no solo a reparar a las víctimas, sino a investigar con seriedad la cadena de mando del operativo.

Eso significa que el expediente, archivado internamente en 2020, podría reactivarse desde otra perspectiva: ya no para revisar si hubo terrorismo, sino para establecer si el Estado violó derechos fundamentales y quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales.

Los posibles delitos: La eventual responsabilidad de Morales y García Linera podría estar asociada a cuatro conductas distintas, según la línea argumental del caso.

Orden de allanamiento ilegal, si se confirma que el operativo fue decidido al margen de una orden judicial y sin presencia fiscal.
Responsabilidad por torturas, tratos crueles o degradantes y detenciones arbitrarias, si se prueba que los abusos formaron parte de una política de actuación o encubrimiento del Estado.
Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la dignidad, por la narrativa oficial que calificó a los acusados como terroristas y magnicidas antes de probarse judicialmente.
Posible responsabilidad política y penal por el uso del caso para golpear a opositores y autoridades regionales cruceñas en un contexto de alta tensión política.

La cadena de mando bajo sospecha: La tesis que impulsa esta fase del caso es que el operativo no habría sido una acción policial aislada, sino una decisión política ejecutada desde la cima del poder.

Según la versión de la defensa de las víctimas, Gary Prado, Evo Morales puede ser juzgado y responder por la probable comisión del delito de ordenar “un allanamiento ilegal”, ya que públicamente declaró hace 17 años, en Cumaná, Venezuela, que él ordenó la realización del operativo en el Hotel Las Américas.
A García Linera se le atribuye el rol de pieza política clave: la transmisión de la orden, la coordinación política del operativo y el respaldo posterior a una versión oficial cuestionada por violaciones de derechos humanos, indicó Prado.

Qué dicen:

“El operativo es un allanamiento ilegal, está penado en el Código Penal. No se puede allanar un domicilio de noche, no se lo puede hacer sin presencia de un fiscal y menos sin una orden de un juez (…) queda claro por confesión del propio Evo Morales que él ordenó el operativo. Ese operativo ilegal tiene una sanción penal”, explicó el jurista.

Los autores materiales: Los responsables materiales apuntan a los 21 efectivos de la que era la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía Boliviana (UTARC) que ejecutaron el asalto al hotel, aunque la lista completa no está públicamente confirmada.

Entre los nombres identificados figuran Wálter Andrade (comandante de la UTARC en 2009), Jorge Raúl Clavijo Ovando, Edson Alcócer Vélez, Mirco Guerrero, Willy Villarroel Escalera y Ronald Parra Montero.
También aparecen señalados el excomandante policial Víctor Hugo Escobar, el exviceministro Marcos Farfán y Marylin Vargas, de Inteligencia, quien grabó detalles clave del operativo.

El antecedente clave: El operativo ocurrió la madrugada del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. Murieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó, quienes denunciaron torturas y detención prolongada.

El gobierno de entonces sostuvo que el grupo planeaba actos terroristas, incluso un posible atentado contra Morales y García Linera, pero esa versión fue cuestionada por informes internacionales que hablaron de posibles ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso.
El proceso interno terminó archivado en 2020 tras la retirada de la acusación fiscal, pero el expediente se trasladó al sistema interamericano de derechos humanos.

Entre líneas: El caso es doblemente explosivo porque representa una herida política para Santa Cruz y los sectores que denunciaron un montaje, pero también encierra un costo potencial para el núcleo de poder del MAS en 2009.

Si el caso avanza en la Corte IDH y luego en instancias internas, el impacto no sería solo judicial, volvería a poner bajo escrutinio una de las decisiones más duras del gobierno de Evo Morales, cuestionando la narrativa de defensa del Estado frente a una supuesta amenaza separatista.

Sí, pero: La Corte Interamericana no juzga penalmente a individuos; sus sentencias obligan al Estado a investigar, reparar y adoptar medidas para evitar la repetición de hechos similares. Además, la atribución exacta de responsabilidad individual sigue siendo parte del debate y depende de cómo se reconstruya la cadena de mando y la ejecución concreta del operativo.

Qué sigue: El Estado boliviano enfrenta un posible fallo adverso de la Corte IDH que lo obligaría a reparar daños e investigar la cadena de mando. Eso coloca a Morales y García Linera “al borde del costo penal”, aunque no hay imputación inmediata ni condena garantizada.