Lo esencial: La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba anuló la sentencia de 2024 contra la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por defectos procedimentales y defectos absolutos no convalidables, obligando a que el proceso vuelva a foja cero.

Por qué importa: El caso muestra cómo un proceso penal con fuerte carga política puede sostener una sentencia en primera instancia y derrumbarse después por fallas de fondo y de forma.

La anulación no significa absolución: la Fiscalía puede intentar sostener su acusación, pero deberá hacerlo dentro de un juicio que no arrastre los mismos vicios que derribaron la sentencia anterior.

Los ocho delitos imputados: La acusación fiscal se construyó sobre cargos que buscaban demostrar una hipótesis de actuación coordinada durante la crisis de 2019.

Organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir y fabricación ilícita.
Lesiones graves, lesiones leves, tenencia, porte o portación ilícita de armas.
Destrucción o deterioro de bienes del Estado e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

Qué muestra la resolución: En la resolución se lee que la Sala declaró improcedentes e inadmisibles algunos recursos de apelación restringida, pero también dio lugar a otros planteamientos presentados por los acusados.

Las condenas anuladas: En julio de 2024, el Juzgado de Sentencia Penal N° 12 de Cochabamba dictó penas que ahora quedaron sin efecto.

Yassir Steven Molina Lozada, principal dirigente, recibió 8 años de cárcel, actualmente con libertad condicional.
Mario Antonio Bascopé Revuelta y Favio Alejandro Bascopé Revuelta fueron condenados a 6 años y 6 meses cada uno, luego obtuvieron la anulación de su sentencia.
Milena Soto López y Jaime Maldonado Méndez recibieron 2 años de detención domiciliaria.

Molina en libertad: El 4 de septiembre de 2025, el Juzgado de Ejecución en lo Penal de Oruro determinó la libertad condicional para Yassir Molina, uno de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dentro el proceso por los daños a la Fiscalía General del Estado.

Los números: La Fiscalía presentó el caso como un expediente robusto, pero la cantidad de prueba no garantizó la solidez jurídica del fallo.

105 pruebas documentales fueron presentadas en etapa preparatoria.
127 pruebas testificales y pericias acumuladas respaldaban la acusación.

Qué falló en el proceso: Los defectos procedimentales apuntan a fallas en la tramitación del juicio, mientras que los defectos absolutos son vicios tan graves que afectan la validez misma del proceso y no pueden ser corregidos retroactivamente.

El problema no fue solo de valoración de prueba, sino de estructura jurídica y respeto al debido proceso.
La Sala no corrigió la condena por partes, sino que la anuló completamente porque consideró que las fallas eran demasiado serias para salvar el resultado.

El contexto político: El caso nació tras los conflictos de 2019 en Cochabamba, cuando la RJC fue vinculada por las autoridades a bloqueos, enfrentamientos y agresiones durante la crisis nacional.

El oficialismo presentó a la RJC como un grupo violento, llegando a describirla como una estructura “paramilitar” o “terrorista”.
Los procesados sostuvieron siempre que el caso fue usado con fines políticos y que se trató de criminalización contra jóvenes opositores.

Qué sigue: La resolución ordena la reposición del juicio ante otro juzgado, por sorteo y conforme al orden cronológico. Las condenas de 2024 quedan sin efecto mientras se vuelve a juzgar el caso desde el inicio.