Lo esencial: El abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda plantea una hoja de ruta para aplicar en el corto plazo el esquema de distribución de recursos “50/50”, que divide en partes iguales los ingresos públicos entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas, sin reformas estructurales complejas, “si existe voluntad política”.

Por qué importa: La propuesta reabre el debate sobre el pacto fiscal y la redistribución de recursos pendiente desde la promulgación de la Constitución Política del Estado, que estableció el modelo autonómico pero dejó abierta la discusión sobre el reparto efectivo de ingresos entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

El plan: En su documento “Cómo aplicar el 50-50 sin perecer en el intento (Aproximación inicial)”, Urenda sostiene que la medida puede implementarse con ajustes legales específicos orientados a fortalecer la descentralización.

Utilizar el sistema actual de coparticipación tributaria como base para una redistribución progresiva.
Asignar a las entidades territoriales autónomas los recursos de coparticipación con la misma fórmula basada en el número de habitantes.
Incrementar gradualmente su participación hasta alcanzar una división del 50% para el Gobierno central y 50% para las autonomías.
Incorporar a las gobernaciones en el reparto directo de la coparticipación tributaria.

Lo que no se debería hacer: El jurista identifica tres caminos que, a su juicio, deben evitarse:

Recurrir al procedimiento del pacto fiscal de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 31, porque varias instancias previstas ya no funcionan o han desaparecido.
Transferir recursos a municipios, gobernaciones, gobiernos indígenas o universidades sin transferir simultáneamente competencias para administrarlos.
Plantear el 50/50 como solución total a los problemas financieros de las autonomías, dado que los recursos serían limitados frente a múltiples necesidades.

Prioridades sectoriales: Los recursos adicionales que reciban las autonomías deberían destinarse principalmente a salud y educación.

Mediante una ley, transferir competencias para definir políticas públicas en ambos ámbitos.
Otorgar atribuciones en reglamentación, ejecución y gestión.
Basarse en disposiciones constitucionales que establecen competencias concurrentes entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

Cambios legales propuestos: El documento señala normas que, según Urenda, consolidaron un modelo excesivamente centralizado tras la aprobación de la Constitución de 2009 y que deberían modificarse.

Decreto Supremo 29894, que regula la estructura del Órgano Ejecutivo.
Ley de Educación Avelino Siñani–Elizardo Pérez Nº 70.
Ley de Planificación Integral del Estado Nº 777.
Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera Nº 767.
Otras leyes y sentencias constitucionales que, en su criterio, reforzaron la concentración de competencias en el nivel central.

Contexto: Urenda es uno de los redactores del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, considerado uno de los principales ideólogos del movimiento autonomista cruceño y autor principal del Estatuto aprobado en referéndum en Santa Cruz de la Sierra en 2008. Ha sido asesor institucional en el debate sobre descentralización y autonomías, dirige el estudio jurídico Urenda Abogados y realizó estudios de posgrado en derecho en universidades de Estados Unidos.

Qué dice: El jurista sostiene que avanzar hacia el 50/50 no depende tanto de reformas estructurales complejas como de decisiones políticas orientadas a fortalecer el modelo autonómico previsto en la Constitución y concluye que sería “relativamente simple si hay voluntad de hacerlo”.