Lo esencial: La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó minería ilegal en el Parque Nacional Tunari, donde está la represa de Misicuni, un área protegida en la que ya se reportaba extracción de oro en 2015.

Por qué importa: Misicuni, que se alimenta de las cuencas de los ríos Titiri y Serqueta, entrega agua al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) y a otras empresas que abastecen a Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua; la minería siguió pese a denuncias e inspecciones previas, según la propia empresa y la AJAM, y todavía no hay mediciones públicas sobre si afecta el agua.

Las alertas previas: El gerente interino de Misicuni, Adrián Murillo, afirmó que la minería ilegal alrededor de la cuenca “no es de ahora” y que la empresa ya envió “varias notas” a las autoridades competentes.

El 30 de octubre, diez días antes de la denuncia, la AJAM hizo una inspección de oficio en el sector de Misicuni: informó de “indicios de actividad minera irregular”, registró puntos georreferenciados y dejó una notificación oficial a “la cooperativa involucrada” en una tranca, sin identificarla.
El director departamental de la AJAM, Danny Gonzales, dijo que la institución ya había actuado en dos inspecciones anteriores; esta vez verificó con drones porque los comunarios restringen el acceso por tierra, y anunció una denuncia ante el Ministerio Público “en estos días”.
El gerente de SEMAPA, Luis Prudencio, dijo que tenía entendido que Misicuni envió cartas a la Gobernación para advertir dificultades.

Los antecedentes: En 2015, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) reportó extracción de oro en el Parque Nacional Tunari, con 4.692 hectáreas concedidas a cooperativas y particulares según datos de 2014; el entonces director de la AJAM, Carlos Soruco, dijo que esa minería sería “ilegal”.

En 2023, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) rechazó nuevas solicitudes de contratos mineros en el Tunari y en otras áreas protegidas.
En otra zona del parque, en Morochata, el Sernap verificó en octubre de 2025 caminos abiertos para minería ilegal; la actividad siguió pese a una resolución administrativa, y en febrero de este año una inspección judicial fue emboscada en la comunidad de Chuñavi, donde robaron el expediente del caso.

Vista 3D del punto que la asambleísta Claudia Martínez señaló como zona de minería, en el Parque Nacional Tunari. Imagen: Google Earth. La calidad de la imagen fue mejorada con inteligencia artificial.

La denuncia: La asambleísta departamental Claudia Martínez denunció el 9 de noviembre minería a cielo abierto con maquinaria pesada sobre el río Serqueta, afluente de la represa, y afirmó que “el agua que los cochabambinos estamos consumiendo ya está contaminada con mercurio”.

Martínez sostuvo que la Ley 535 de Minería “prohíbe tajantemente” la minería en cabeceras de cuenca; el artículo 93 de esa ley establece que, en proximidades de cabeceras de cuenca, ríos y embalses, “las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial”.
Según Martínez, una de las operaciones “tendría 13 cuadrículas que se comenzaron a constituir en 2005 y está con operaciones desde 2023”.
También denunció amenazas de muerte y un intento de interceptación cuando fue a la zona, y anunció que pedirá garantías personales.

Lo que nadie ha medido: Misicuni respondió en un comunicado que sus análisis “no han detectado presencia de mercurio”, y SEMAPA sostuvo que su proceso de potabilización “evita que los minerales puedan llegar a la distribución”; ninguna de las partes presentó resultados de laboratorio con fechas y valores.

Murillo dijo que el último análisis de metales pesados y mercurio en el embalse se hizo “el año pasado” y que lo repetirán.
Martínez difundió coordenadas e imágenes satelitales, y dijo tener muestras de sedimentos tomadas con “diferentes instancias internacionales”, sin identificarlas ni mostrar resultados; también afirmó: “Ahora no vamos a encontrar mercurio en los grifos. Se tiene que ir a buscar los sedimentos”.
Martínez aclaró después que su denuncia no apunta contra Misicuni ni SEMAPA, sino a lo que podría ocurrir con los comunarios, los peces y el ecosistema de la zona.

Quién afirma qué y con qué respaldo

La denuncia sobre la represa de Misicuni y las respuestas, al 10 de noviembre de 2026.

Fuente	Qué afirma	Qué respaldo mostró	Qué anunció
Claudia MartínezAsambleísta departamental	Hay minería ilegal sobre el río Serqueta y el agua “ya está contaminada con mercurio”.	Sin medicionesCoordenadas e imágenes satelitales. Dice tener muestras de sedimentos, sin mostrar resultados.	Comisión interinstitucional (reunión el 12 de noviembre) y garantías personales.
Empresa MisicuniAdrián Murillo, gerente interino	Hay minería ilegal alrededor de la cuenca, pero el agua no tiene mercurio y cumple la norma boliviana.	Sin datos publicadosComunicado sin fechas, valores ni laboratorio. El último análisis de metales pesados y mercurio es “del año pasado”.	Repetirá el análisis de metales pesados.
SEMAPALuis Prudencio, gerente	La potabilización evita que los minerales lleguen a la red de distribución.	Resultados en cursoMuestras enviadas el 9 de noviembre a un laboratorio de La Paz.	Resultados en tres o cuatro días.
AJAMDanny Gonzales, director departamental	Hay minería ilegal en el Parque Nacional Tunari.	ConfirmadoInspección del 30 de octubre y verificación con drones, porque los comunarios restringen el acceso por tierra.	Denuncia ante el Ministerio Público.

El mercurio: Se usa en la minería del oro para separar el metal; entre septiembre de 2023 y agosto de 2026, Bolivia registró importaciones legales por 3,4 toneladas, frente a 272 toneladas entre enero de 2021 y agosto de 2023, según las bases del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esas cifras no muestran cuánto mercurio circula sin registro: en febrero, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, afirmó que "la utilización de mercurio sigue siendo absolutamente irregular".
En la cuenca del río Beni, estudios con análisis de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) detectaron mercurio en peces que se venden para consumo y en comunidades indígenas ribereñas.

Importación legal de mercurio metálico, 2021-2026

Toneladas registradas por año y principales países de origen.

2021106,2 t

17 importaciones. Origen principal: Rusia (65,5 t) y México (29,8 t).
202294,7 t

15 importaciones. Origen principal: Tayikistán (31,3 t), Rusia (18,6 t) y México (15,4 t).
202370,8 t

10 importaciones, todas entre febrero y agosto. Por mes: febrero 5,5 t; marzo 17,2 t; junio 35,1 t; julio 3,7 t; agosto 9,3 t. Origen principal: Tayikistán (32,2 t), Rusia (24,6 t) y China (11,1 t).
20240 t

Ninguna importación registrada.
20251,2 t

Una carga de 1.225 kilos en octubre, desde Kirguistán.
2026 (ene-ago)2,2 t

Una carga de 2.200 kilos en mayo, desde Kirguistán.

La AJAM en Cochabamba: Antes de Misicuni, la dirección departamental de la AJAM denunció este año minería ilegal en Aiquile, donde en octubre informó de más de 12 bocaminas de gran profundidad, y ubicó en Cocapata "la actividad minera más grande" del departamento.

Entre 2021 y 2025, la AJAM registró 37 inspecciones y operativos contra la minería ilegal en Cochabamba, la cuarta con más intervenciones entre sus siete direcciones, según su estadística institucional.

Qué sigue: SEMAPA envió el 9 de noviembre muestras a un laboratorio de La Paz y espera los resultados en tres o cuatro días, según Prudencio; Misicuni anunció que repetirá su análisis de metales pesados, y la AJAM, que presentará la denuncia penal.

Martínez anunció para el jueves 12 de noviembre una reunión para conformar una comisión interinstitucional, para la que pidió la participación de la Gobernación y del Sernap, y un proyecto de ley para regular el uso del mercurio.
El Ministerio de Minería socializa desde el 3 de noviembre el anteproyecto de nuevo Código Minero, que prevé enviar a la Asamblea Legislativa a fines de mes; plantea reducir progresivamente el uso de mercurio y crear una agencia contra la minería ilegal.