Emergencia nacional por El Niño: qué cambia, qué no y cuánto dinero hay detrás del DS 5759

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz firmó el sábado 31 de octubre el Decreto Supremo (DS) 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional por la sequía y por el riesgo de heladas, granizadas, incendios e inundaciones asociados a El Niño 2026-2027.

Por qué importa: El decreto le permite al Estado mover presupuesto y comprar ayuda sin los trámites habituales para llegar a las familias que ya pierden cosechas y ganado.

• No trae dinero nuevo por sí solo: los recursos dependen de créditos que todavía están en gestión. Y si el campo produce menos, el Banco Mundial advierte que episodios así suelen encarecer los alimentos.

Qué dice el decreto: Es una norma corta, de dos artículos: declara la emergencia y encarga su ejecución a todos los ministros. No fija montos, plazos ni una lista de municipios.

• En sus fundamentos ubica la sequía en el Altiplano, los Valles y el Chaco, y cita la recomendación que emitió un día antes el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CONARADE).

Lo que habilita: El decreto no detalla sus efectos porque ya los fija la Ley 602 de Gestión de Riesgos, de 2014. Al declararse la emergencia se activa un “régimen de excepción”: reglas más flexibles de gasto y compras para responder rápido.

• Ese régimen termina cuando el CONARADE declara el retorno a la normalidad, también mediante un decreto.

Emergencia no es desastre: La ley distingue entre emergencia nacional y desastre nacional, y el DS 5759 declara la primera.

• Ya hubo saltos de un escalón al otro: por los incendios de 2020 y de 2024, los gobiernos de turno pasaron de emergencia a desastre nacional en unas tres semanas.

Los números: El registro de la sequía creció en dos semanas: al 15 de octubre, Defensa Civil contaba 103.200 familias en 57 municipios; al 29 de octubre ya eran 114.048 en 63.

• Damnificadas son las familias que perdieron bienes o medios de vida; afectadas, las que sufren el impacto sin esas pérdidas.

Dónde está el riesgo: Para octubre a diciembre, el Banco Mundial prevé riesgo de sequía bajo a moderado en el Altiplano junto a Perú, los valles del centro y la Chiquitanía, con puntos aislados de riesgo alto, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

• El riesgo de inundación se concentra en el sur: moderado en el Chaco y alto a muy alto en el extremo sureste. El centro y el norte no tienen datos en ese mapa, lo que no significa que estén libres de riesgo.
• Para el pico del fenómeno, el Senamhi prevé que el occidente esté más seco y que las lluvias afecten sobre todo a la Amazonía, Beni, Pando, el norte de La Paz y parte de Santa Cruz.

El dinero: El decreto dice que la emergencia sirve para "sustentar la activación de los mecanismos de financiamiento contingente": créditos que se aprueban antes y solo se desembolsan ante un evento de gran magnitud.

• Bolivia tiene uno: un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta $us 250 millones, firmado en septiembre de 2024 y aprobado por ley en junio de 2025. Hasta el 30 de septiembre de 2026 no se había usado, según los informes de deuda externa del Banco Central de Bolivia.
• Si se usa, se paga en 25 años, con cinco de gracia, según el BID.
• El Gobierno no confirmó si activará ese crédito ni por cuánto. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo que los mecanismos de financiamiento aún deben completar sus trámites.

Menos colchón que en 1997: El Niño de 1997-98, uno de los más destructivos de las últimas décadas, causó pérdidas estimadas entre $us 527 y 800 millones, cuando el país no tenía escasez de dólares ni un déficit tan alto, como explicó El Post en septiembre.

• El economista Ramiro Cavero estimó entonces que el fenómeno podría restar entre 0,5 y 1,5 puntos al producto interno bruto (PIB) y llevar la contracción de la economía a cerca de 5%, con un déficit fiscal próximo al 9% del PIB.

Los límites: Justiniano advirtió que "la emergencia nacional no debe quedarse en un decreto firmado". Antes, el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, había reconocido que la capacidad de respuesta "todavía no es suficiente".

• La Ley 602 pide que cada declaratoria considere solo las áreas y la población afectadas; el DS 5759 no enumera municipios ni departamentos.

Qué sigue: Según Justiniano, el Gobierno debe identificar las comunidades en mayor riesgo y actualizar los planes de contingencia. En paralelo gestiona financiamiento con el BID y la CAF, cuyas misiones Paz anunció para fines de octubre e inicios de noviembre.