Audios atribuidos a Cerimedo: qué haría falta para que sean prueba

Lo esencial: El fiscal general interino, José Armando Urioste, dijo el 29 de octubre que no hay un caso específico abierto por los audios atribuidos a Fernando Cerimedo y que rastrear su origen requeriría un software de $us 450.000.

Por qué importa: Según el fiscal, desde agosto se difundieron al menos 13 audios, con voces atribuidas al presidente Rodrigo Paz, a la primera dama, María Elena Urquidi, y a ministros, sobre cargos y contratos públicos.

• Si no cumplen tres condiciones legales, podrían no servir como prueba en un juicio, aunque la Fiscalía igual podría investigar con otras pruebas los hechos que describen, según el abogado Mauricio Fuentelzas Oviedo, consultado por El Post.

Primera condición, el origen: La Constitución (artículo 25) y el Código Civil (artículo 19) niegan efecto legal a la prueba obtenida violando comunicaciones privadas y a las “grabaciones clandestinas”. En 2011, el Tribunal Constitucional precisó que esa protección se viola cuando un tercero intercepta una conversación ajena, no cuando la graba uno de los participantes (Sentencia 0523/2011-R).

• Hoy hay dos versiones: el vicepresidente Edmand Lara afirma que Cerimedo grababa sus propias llamadas, y Cerimedo sostiene que los audios se obtuvieron de su celular, que según la Fiscalía fue incautado al detenerlo en agosto.
• El abogado Mauricio Funtelzas señaló que esa sentencia sigue vigente y que no encontró fallos posteriores que la modifiquen. Explicó que, si un tercero obtuvo o difundió los audios de forma ilegal, eso sería un delito aparte, que no impide investigar lo que se escucha en ellos.

Segunda condición, la autenticidad: Un audio solo vale como prueba si peritos certifican que es auténtico y de quién son las voces. Urioste dijo que la Fiscalía puede hacerlo si se presentan los equipos donde se grabó, pero que para certificar información de la nube “en Bolivia no existe la tecnología”.

• Hoy no se conoce ninguna pericia oficial. Una plataforma de verificación independiente no halló señales de inteligencia artificial en tres audios, aunque aclaró que eso no confirma de quién son las voces, y calificó como falso otro.
• Urioste puso en duda la autenticidad de las grabaciones y habló de un “bombardeo informático”.
• Para Funtelzas, contar con el equipo original es lo ideal, pero no indispensable, porque existen técnicas para analizar archivos digitales, comparar voces y detectar manipulaciones. Sugirió hacer estas pericias en otros países, para evitar susceptibilidades.

Tercera condición, una investigación: La Fiscalía puede investigar a partir de una denuncia o de “información fehaciente” sobre un posible delito (Código de Procedimiento Penal, artículo 289).

• Hoy Urioste dice que no hay un caso específico porque nadie presentó una denuncia formal.
• Por otro lado, Lara denunció el 1 de septiembre a Urquidi y Cerimedo con base en el primer audio, y el 26 de octubre declaró ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) como denunciante en una investigación sobre otro de los audios.
• Funtelzas sostuvo que la Fiscalía no necesita una denuncia formal y puede actuar por iniciativa propia. Sobre la denuncia de Lara, dijo que debe continuar y que no se conoce qué trámite recibió el pedido de pericia.

El antecedente: En 2013, la senadora Carmen Eva Gonzales difundió un audio atribuido al fiscal Marcelo Soza, que él y el Gobierno calificaron de montaje. Laboratorios privados de Brasil y España confirmaron la voz en semanas; en marzo de 2014, la Fiscalía aún no había ordenado una pericia. Ese año, Soza reconoció en Brasil que la voz era suya.

Qué sigue: La Fiscalía creó una unidad de cibercrimen que investigará el origen, la autenticidad y el rastreo de los audios, y evalúa contratar expertos internacionales. Urioste es interino hasta inicios de enero; el titular saldrá de un concurso en la Asamblea, al que él postulará.