Qué dice el decreto que ordena el futuro de las empresas públicas, y qué falta para que se aplique

Lo esencial: Casi once meses después de asumir con el anuncio de cerrar las empresas deficitarias, el Gobierno de Rodrigo Paz declaró “prioridad” reorganizarlas, disolverlas o liquidarlas y fijó por decreto cómo se hará cada proceso. Ninguna empresa queda cerrada.

• Todo arranca cuando el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) apruebe el diagnóstico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
• Esa resolución todavía no existe.

Por qué importa: Es la primera vez que el cierre de una estatal tiene reloj y reglas escritas. El propio decreto admite el motivo: los procesos anteriores “se prolongan por años”, los activos se deterioran y el costo “termina siendo asumido por el Tesoro”.

• Para las empresas del diagnóstico, y para sus trabajadores y proveedores, el decreto define qué pasará desde el día en que reciban la notificación.

Cómo funciona: El Decreto Supremo 5727 no evalúa empresas; ordena lo que sigue a la evaluación. La OFEP ya entregó su diagnóstico con una recomendación por empresa; el COSEEP, creado por la Ley 466 e integrado por los ministros de la Presidencia, que lo preside, Planificación y Economía, debe aprobarlo por resolución.

• Recién con esa resolución, el ministerio del sector gestiona la norma de cierre o reorganización de cada empresa.
• Mientras tanto, las empresas siguen operando y deben cumplir sus obligaciones; el inicio del proceso no las suspende.

Lo que cada norma de cierre deberá decir: El decreto exige un contenido mínimo para cada decreto o ley de liquidación, y ahí está la parte que toca al bolsillo público.

• Quién liquida y con qué atribuciones, y un plazo “con hitos verificables”.
• El tratamiento de los activos, los pasivos y las garantías del Tesoro. Es la respuesta pendiente a la pregunta de quién paga la deuda: las empresas del diagnóstico deben Bs. 55.173 millones de capital a sus acreedores, Bs. 1.887 millones de ellos ya vencidos, y el Tesoro garantiza el fondo que financió a varias.
• La instrucción de remitir información para determinar responsabilidades. La liquidación no se detiene por investigaciones ni auditorías, y no exime a los exfuncionarios: el caso Yacana, denunciado la semana pasada, seguiría su curso aunque la empresa se cierre.

Entre líneas: El decreto está escrito en condicional. Cada artículo empieza con “una vez recibida la Resolución del COSEEP”, y esa resolución no ha sido emitida ni anunciada desde que el Consejo recibió el diagnóstico, hace 25 días.

• El decreto lo aprobó un gabinete virtual con el presidente en Estados Unidos y lo firman tres ministros interinos, entre ellos el de la Presidencia, que es quien preside el COSEEP y debe convocarlo.
• “Prioridad” es el título; el contenido es un manual de procedimiento que espera una decisión política. Es la primera norma que dice cómo, y ninguna empresa ha llegado todavía a ese punto.

Sí, pero: El decreto no cierra automáticamente a las “más de 20” críticas: la OFEP recomienda por empresa y el COSEEP puede aprobar, devolver o rechazar cada caso.

• Las prohibiciones tienen una salida: el ministerio del sector puede autorizar “expresa y fundamentadamente” que una empresa se aparte de ellas. Es la puerta a vigilar.
• Los cierres iniciados antes de la ley del presupuesto siguen con sus propias reglas; las cinco empresas que Desarrollo Productivo anunció en agosto no entran en este procedimiento.
• Las empresas creadas por ley necesitan otra ley para cerrarse, y eso pasa por la Asamblea, donde el Gobierno no controla los dos tercios.

Qué sigue: La resolución del COSEEP es la única pieza que falta para que el decreto empiece a correr. Cuando salga, cada ministerio tiene los plazos del decreto para presentar la norma de cada empresa, y esas normas dirán, por primera vez, quién se hace cargo de qué deuda.

Sobre los datos: El texto del decreto es el publicado por la Gaceta Oficial (DS 5727, de 24 de septiembre de 2026). Las cifras de deuda y mora salen de la base “Conociendo la verdad” de la OFEP, con corte a inicios de mayo de 2026, y pueden consultarse empresa por empresa en el tablero de El Post.