Lo esencial: El Ejército querelló al exministro de Defensa Edmundo Novillo -en el cargo entre 2020 y 2025-, por las explosiones del 4 de septiembre último en el cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos y cinco desaparecidos. Esta acción penal no surgió de ninguna de las seis auditorías que el Ministerio de Defensa abrió en enero.

Por qué importa: El caso más pesado de esa lista es la compra de 2016: Bolivia pagó a la francesa Thales un sistema de radares para vigilar su espacio aéreo y detectar narcovuelos; una década después no opera del todo.

Según el embajador de Francia, Olivier Fontan, la actualización del sistema recién puede ponerse en marcha una vez concluida la auditoría.
Mientras tanto, Bolivia deja de cobrar al menos $us 20 millones al año en tasas de sobrevuelo: lo que pagan las aerolíneas internacionales por cruzar el espacio aéreo boliviano
Un solo radar en funcionamiento parcial detectó 4.200 vuelos irregulares vinculados al narcotráfico en tres años, según declaró Salinas en febrero. Cuántos pasaron sin registro es lo que el sistema incompleto no permite saber.

Lo que se sabe hoy: Ninguno de los informes anunciados se ha hecho público ni ha sido presentado en conferencia de prensa, y los resúmenes ejecutivos disponibles en el sitio del ministerio corresponden a auditorías de 2024 sobre la gestión 2023.

En mayo, La Razón gestionó sin éxito una entrevista con el Ministerio de Defensa para obtener detalles del proceso.

La cronología: El caso avanzó en declaraciones, no en documentos conocidos.

Enero de 2026: Defensa anuncia auditorías integrales al sistema de radares para establecer responsabilidades de las últimas tres gestiones de gobierno.
Febrero de 2026: el entonces ministro Marcelo Salinas Gamarra afirma que, concluido el informe, los datos serán remitidos al Ministerio Público.
Abril de 2026: Salinas sostiene que el informe ya está listo y será presentado en los próximos días.
3 de junio de 2026: Ernesto Justiniano asume Defensa, un día después de la renuncia de Salinas.

Qué se audita: Defensa anunció revisiones técnico-legales sobre seis frentes, con casos que van de 2009 a 2025. El ministerio comprometió además el despliegue de equipos técnicos a los puntos donde están instalados los radares, para verificar el estado real de la tecnología y las obras civiles complementarias.

El estado real de los radares del sistema SIDACTA.
Las modificaciones hechas al contrato original.
Los costos finales del proyecto.
Compras aeronáuticas pendientes.
La adquisición de barcazas, un caso que se remonta a 2009.
Contratos de aeronaves que el país pagó y nunca recibió.

Los números: El contrato con Thales Air Systems se firmó el 23 de agosto de 2016 por 191.074.809 euros.

En febrero, Salinas Gamarra declaró que solo dos de los radares comprados funcionan y que de 35 helicópteros militares apenas dos están operativos.
El comando creado para operar el sistema, el COSDEA, recibió presupuesto propio recién al final de la gestión de Luis Arce: Bs 82,6 millones anuales, mediante el Decreto Supremo 5477.

Qué dicen: Al anunciar las auditorías en enero, Salinas afirmó: “La idea es regularizar esto y que estos radares puedan comenzar a funcionar a la brevedad posible, ya que han pasado tres gestiones y el tema de los radares tiene una antigüedad de 10 años”.

Sí, pero: Una querella no es una condena ni una imputación, y el propio Ejército remarcó que corresponde a la Fiscalía establecer las responsabilidades.

La auditoría de radares tampoco se planteó solo para buscar culpables: incluye un trabajo técnico junto a Thales para poner el sistema en operación plena.

Qué sigue: La Fiscalía de La Paz debe definir si admite la querella contra Novillo. Justiniano se pronunció públicamente sobre el caso Viacha, pero desde que asumió en junio no hizo declaraciones sobre el estado de las auditorías que heredó.