YPFB: Gobierno cuestiona Bs 470 millones en sistemas que no frenaron irregularidades
Lo esencial: El Gobierno cuestionó una inversión superior a Bs 470 millones realizada por YPFB en infraestructura y sistemas tecnológicos durante los últimos cinco años, en el marco de una intervención a la estatal petrolera.
Por qué importa: Según el Gobierno, esos sistemas no permitieron garantizar la trazabilidad del combustible ni detectar de manera oportuna las presuntas irregularidades en su distribución.
- El viceministro de Transparencia, Yamil García, calificó las inversiones como “búnkers digitales” y sostuvo que los recursos destinados a tecnología no se tradujeron en mecanismos capaces de controlar integralmente el recorrido del combustible.
Los hechos: La revisión de los sistemas identificó varias inconsistencias en los procesos de asignación y despacho de combustible.
- Venta irregular y anticipada de combustible, junto a facturación anticipada de millones de litros que todavía no habían ingresado al país.
- Asignación discrecional de despachos a determinados compradores y proveedores, con participación de usuarios externos en la asignación.
- Modificaciones posteriores y retroactivas en las tablas de control, además de diferencias entre volúmenes programados, despachados y facturados.
Estado actual: Como primera medida correctiva, el Gobierno identificó a más de 300 usuarios que mantenían interacción con los sistemas de YPFB y cortó sus accesos.
- García sostuvo que algunas modificaciones retroactivas habrían sido utilizadas para favorecer a contrabandistas y desviar combustible, extremo que deberá ser establecido mediante la investigación.
- El Gobierno solicitó la participación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para establecer quiénes autorizaron o mantuvieron los accesos.
Qué sigue: La intervención contempla dos líneas de investigación.
- La primera apunta a usuarios, operadores, funcionarios y despachantes vinculados con las presuntas operaciones irregulares, para quienes se prevén procesos penales.
- La segunda busca establecer responsabilidades en los niveles que permitieron mantener activos los accesos a plataformas consideradas vulnerables.
La conclusión: El punto que queda por determinar es cómo una inversión tecnológica superior a Bs 470 millones no habría logrado generar controles suficientes para detectar las inconsistencias señaladas.
- La intervención de AGETIC deberá aportar elementos técnicos para establecer cómo funcionaban esos sistemas y quiénes tenían capacidad de modificarlos o utilizarlos.
