AJAM atribuye expansión de minería ilegal en La Asunta a acuerdos de comunarios con inversionistas
Lo esencial: El director ejecutivo nacional de la AJAM, Jaime José Sanabria, rechazó las acusaciones de negligencia contra la institución por la expansión de la minería ilegal en La Asunta y atribuyó parte del problema a acuerdos de comunarios con inversionistas nacionales y extranjeros.
Por qué importa: El señalamiento traslada parte de la responsabilidad del conflicto hacia los propios pobladores de la zona, en un escenario donde operan actividades de explotación sin autorización.
- Según la autoridad, estos acuerdos no otorgan derechos mineros habilitantes, por lo que las actividades desarrolladas bajo ellos serían ilegales.
Los hechos: Sanabria detalló los antecedentes y las áreas involucradas en el conflicto minero.
- En 2022, dirigentes de la comunidad de Uchupaya habrían firmado un contrato de inversión minera con actores productivos nacionales para atraer capital extranjero, acuerdo que la AJAM no autorizó.
- El área denominada Tres Amigos IV no cuenta con un derecho minero, por lo que las actividades de explotación en ese sector serían ilegales.
- Una parte de las actividades ilegales estaría relacionada con cooperativas de pobladores de la zona y con financiadores nacionales y extranjeros, aunque el señalamiento se refiere solo a una parte de los comunarios.
Los números: En las riberas del río Boopi existen alrededor de 170 derechos mineros.
- Siete corresponden a derechos preconstituidos.
- 164 son solicitudes que todavía se encuentran en trámite.
Qué dicen: “Cualquier información en el sentido de que la AJAM con su negligencia ha generado este problema, no es cierto”, afirmó Jaime José Sanabria, director ejecutivo nacional de la AJAM, quien también calificó de “una verdad a medias” responsabilizar únicamente a la institución.
Qué sigue: La AJAM se adhirió a la denuncia penal y participa como coadyuvante del Ministerio Público, mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones para establecer responsabilidades por las actividades mineras denunciadas.
