Empresarios de La Paz piden una ley de libre transitabilidad junto a la Ley de Inversiones
Lo esencial: El sector empresarial de La Paz respaldó el proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa, pero pidió que su aprobación esté acompañada de una norma que garantice la libre transitabilidad.
Por qué importa: Los empresarios sostienen que garantizar la transitabilidad es indispensable para evitar interrupciones en la producción, el comercio y el transporte.
- El planteamiento se da mientras la Asamblea Legislativa aún no sancionó una norma que penalice los bloqueos o la toma de carreteras.
Los hechos: El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Inversiones, anunciado meses atrás como una de las medidas estructurales para enfrentar la crisis económica y atraer capital.
- El presidente de Cadinpaz, José Eduardo Iriarte, pidió que el proyecto sea tratado por tiempo y materia en el Legislativo.
- Iriarte afirmó que Bolivia tiene potencial para atraer capital en sectores como minería, turismo e hidrocarburos.
Qué dicen: Empresarios y Gobierno coinciden en la necesidad de reglas estables para atraer inversiones.
- “(Una ley de libre transitabilidad es) muy importante para poder desarrollar la economía del país y el desarrollo de nuestros ciudadanos a nivel nacional”, afirmó Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
- “Bolivia es un país que no ha atraído inversiones extranjeras prácticamente en los últimos 10 años (…) al tener esta ley, nos va a dar más seguridad para seguir aumentando nuestras inversiones”, sostuvo José Eduardo Iriarte.
- “Cambian las autoridades (…) y cambia el enfoque de la normativa (…) peor todavía, se violentan tus derechos de propiedad”, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Sí, pero: El proyecto enfrenta cuestionamientos políticos. La bancada de Libre lo calificó de inconstitucional por las disposiciones sobre arbitraje internacional para resolver controversias entre empresas y el Estado boliviano.
- El cuestionamiento se basa en que la Constitución establece restricciones al sometimiento de determinadas empresas y actividades a tribunales o jurisdicciones extranjeras.
La conclusión: El sector privado plantea que la nueva Ley de Inversiones debe ir acompañada de reglas que aseguren tanto la seguridad jurídica como la continuidad de las actividades económicas, incluida la libre transitabilidad.
