SOBOCE advierte riesgos para empleo, liquidez y financiamiento si se ejecuta fallo de Bs 744 millones
Lo esencial: SOBOCE advirtió este martes que la eventual ejecución del fallo judicial que la obliga a pagar cerca de Bs 744 millones a FANCESA podría afectar su liquidez, capacidad de inversión, el sistema financiero y miles de empleos en Bolivia.
Por qué importa: La cementera es un actor relevante del mercado de capitales boliviano y su cadena productiva involucra a proveedores, transportistas, distribuidores, contratistas y trabajadores en todo el país.
- Una ejecución forzosa de esta magnitud podría enviar una señal negativa a potenciales inversionistas en un contexto donde Bolivia busca preservar o recuperar credibilidad financiera.
El contexto: El enfrentamiento entre SOBOCE y el Estado boliviano, y posteriormente con FANCESA, se arrastra desde hace más de una década por la expropiación de acciones.
- La empresa sostiene que lleva 16 años reclamando por la expropiación de sus acciones en FANCESA y que el Estado no habría cumplido con el pago del justiprecio previsto en el Decreto 0616 de 2010.
- La Sala Constitucional Segunda de La Paz ya había anulado una decisión anterior del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando una nueva revisión del caso.
Los números: La controversia judicial involucra cifras significativas y un amplio alcance laboral.
- El Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pago de Bs 744.315.432 en el proceso por competencia desleal impulsado por FANCESA.
- SOBOCE estima que su actividad impacta de manera directa a más de 1.500 trabajadores y, de forma indirecta, a más de 200.000 familias.
Sí, pero: SOBOCE insiste en que existen observaciones constitucionales pendientes y sostiene que la resolución arrastra irregularidades que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica.
- La empresa también cuestionó el uso del concepto de “daño al proyecto de vida” en este litigio, al considerar que es una categoría jurídica reservada para personas naturales y no para sociedades comerciales.
Qué sigue: El caso permanece abierto en el terreno constitucional mientras se define si la sentencia queda firme o si vuelve a revisarse en instancias superiores tras los recursos presentados por SOBOCE.
