TCP busca aumento en su presupuesto a Bs 100 millones y reabre debate sobre su autonomía
Lo esencial: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) busca elevar su presupuesto anual hasta Bs 100 millones, según anunció su presidenta, Paola Prudencio. La autoridad aclaró que la cifra aún es preliminar y que el estudio técnico de viabilidad sigue pendiente.
Por qué importa: El pedido reabre el debate sobre la autonomía financiera del TCP: aunque la Ley 027 le reconoce independencia económica y presupuestaria, su presidenta sostiene que el tribunal sigue dependiendo administrativa y financieramente de la justicia ordinaria.
- La forma en que se financia el órgano encargado de interpretar la Constitución es clave para su autonomía institucional.
En qué se gasta: El presupuesto vigente del TCP es de Bs 77,5 millones para 2025, según su Rendición Pública de Cuentas, y no los Bs 79 millones que mencionó Prudencio.
- Su estructura explica el pedido: el rubro de equipos e infraestructura que la presidenta dice querer reforzar es hoy el de menor asignación de todo el presupuesto, muy por detrás de la planilla.
En qué se gasta el presupuesto del TCP (2025)
Fuente: Rendición Pública de Cuentas Inicial 2025, Tribunal Constitucional Plurinacional. Total: Bs 77,5 millones.El contraste con el Judicial: El Órgano Judicial maneja unos Bs 1.100 millones al año, el 0,35% del Tesoro General de la Nación, con cerca del 75% comprometido en sueldos, y pide subir al 5% con estudios técnicos ya presentados a la Asamblea.
- El TCP, en cambio, aún no cuenta con el informe de viabilidad que sustente su cifra: Prudencio admitió que todavía no se elaboró.
El trasfondo: Las causas que ingresan al TCP casi se duplicaron en seis años, de 4.836 en 2018 a un récord de 9.633 en 2024.
- El aumento de la carga, con el grueso del presupuesto atado a planilla, es el argumento detrás del pedido y explica que la presidenta ubique el descongestionamiento de causas como prioridad actual.
Qué sigue: El TCP debe elaborar el informe técnico de viabilidad para formalizar el requerimiento y luego plantearlo al Gobierno central. Por ahora, según Prudencio, la institución prioriza reducir la mora procesal.
