Gobierno y Comité Pro Santa Cruz acuerdan procesar a responsables de bloqueos y avasallamientos
Lo esencial: Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se reunieron este sábado con el Comité Pro Santa Cruz para evaluar la primera semana del estado de excepción, informar que ya se producen aprehensiones por los bloqueos de 53 días y acordar el seguimiento policial a sanciones contra grupos que avasallan predios productivos en el departamento.
Por qué importa: Los bloqueos dejaron al menos veinte muertos y pérdidas estimadas en $us 3.000 millones. Paralelamente, los avasallamientos amenazan el derecho propietario de productores cruceños con clanes organizados que han tomado el mismo predio hasta seis veces sin ser disuadidos por las sanciones existentes.
- La reunión es el primer acuerdo público entre el Ejecutivo y la dirigencia cruceña sobre cómo proceder en ambos frentes.
Lo que dijeron:
- Justiniano afirmó que se trabaja para que los hechos de los bloqueos “no queden en la impunidad” y para que lo ocurrido “no vuelva a pasar”. También comprometió resultados en el seguimiento a avasallamientos, sin precisar plazos.
- Oviedo confirmó que la inteligencia policial y militar identificó a los cabecillas, financiadores y operadores de los bloqueos, con origen en el Trópico de Cochabamba.
- El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, anunció denuncias penales contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la COB Mario Argollo y el dirigente cocalero Vicente Salazar. También señaló como instigadores al senador Nilton Condori y al vicepresidente Edman Lara.
El contexto: El acuerdo sobre avasallamientos llega tras la sexta toma de la Hacienda Santa Rita, en El Puente, por grupos armados. La propietaria Melisa Barba ya había denunciado un quinto avasallamiento a inicios de junio. El viernes, la Anapo pidió el desalojo inmediato y la aprehensión de los cabecillas identificados.
Qué sigue: El Comité presentará las denuncias penales por los bloqueos en los próximos días. Cívicos, Policía y Ejecutivo controlarán el avance de los casos de avasallamiento y la aplicación de sanciones.
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